¡En lucha por la dignificación de los jornaleros! Con este grito, los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California, tomaron por 26 horas los 120 km de la carretera Transpeninsular. 80 mil jornaleros paralizaron las labores agrícolas hasta el momento. En la mesa de diálogo, los patrones ofrecen un aumento salarial del 6% (10 pesos), los jornaleros lo rechazan. Es una burla, dicen los huelguistas. ¿A qué estamos jugando? Contestan al abogado de los patrones. La petición es inviable, dice el gobernador panista, los patrones no están obligados a aumentar nada, agrega. Lo mismo de siempre, patrones y gobierno contra los trabajadores. La huelga, sin embargo, ya tiene algunos logros, continúa y vencerá.

Parece un flash back. Los hechos en el valle de San Quintín en Baja California son semejantes a los ocurridos hace cien años. En esta película los protagonistas y antagonistas son los mismos, solo con nombres distintos. Los patrones no dan la cara, envían a su abogadillo, siempre tranza tratando de engañar a los demás. El gobierno, del lado de los patrones, justificando su negativa y presto a utilizar la fuerza pública. Los trabajadores, decididos a romper las cadenas de la opresión, luchan contra sus enemigos, representados por los charros sindicales de la CTM y de la CROC, pero cuentan con la unidad que les proporciona la identidad de clase.

Los jornaleros huelguistas están dispuestos y comparten la lucha porque se identifican con los objetivos de la lucha. Todos padecen de lo mismo, la misma explotación, el trabajo precario, las mismas penalidades y condiciones laborales ínfimas que apenas les permiten la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, para sujetarla al mismo ciclo de explotación, sin futuro ni ilusiones.

Esa unidad es la que más hay que cuidar, independientemente, de las negociaciones y lo que se obtenga. Gobierno, patrones y charros, tratarán de romper esa unidad, corromper a algunos e introducir el divisionismo para provocar la violencia.

Si la unidad, la solidaridad, la dignidad se mantienen, la huelga triunfará por sobre cualquier maniobra patronal o gubernamental.

La huelga triunfará frente a todas las adversidades. Durante más de un siglo, la sindicalización de los trabajadores agrícolas ha sido PROHIBIDA por el Estado y gobiernos en turno, consecuentemente, también la contratación colectiva de trabajo. La excepción son los charros de la CTM y de la CROC, pero a eso no se le puede llamar sindicalismo.

La situación se vuelve más importante al considerar que la del valle de San Quintín no es el único caso, en muchas otras partes se vive una situación similar. De manera que la actual huelga será un precedente y ejemplo para los demás. Por ello, debe pensarse en el proyecto nacional e implicar a los demás compañeros (as) donde quiera que estén. En todos los casos, la política patronal y de los gobiernos es la misma, por eso es procedente la organización nacional, precisamente, para unificar a las condiciones laborales, así sean mínimas, y avanzar hacia otros niveles.

La lucha y sus perspectivas distan de ser automáticas y simples pero son posibles. Lo que no había ocurrido en los 100 años anteriores está sucediendo en el curso de apenas unos días y horas. Hay que aprender rápidamente de las experiencias previas, corregir errores y encaminarse solo por caminos que tengan corazón, estos son los caminos con principios y de clase.

Entre los jornaleros de Baja California Sur están varios indígenas tarahumaras que vivían y trabajaban en calidad de esclavos.

“Jornaleros rarámuris que laboraban en un campo agrícola del municipio de Comondú en condiciones irregulares regresaron a sus lugares de origen con la intervención del gobierno de Baja California Sur y la comisión tarahumara del estado de Chihuahua (León R., en La Jornada, p.8, 22 marzo 2015).

“Los 90 tarahumaras (hombres, mujeres y niños) vivían hacinados y sin cobrar sus salarios desde su rescate por la Secretaría del Trabajo, hace unos días, en una bodega de la empresa El Cerezo.

“El gobernador Marcos Covarrubias visitó el lugar para acordar con ellos su regreso a la sierra Tarahumara y pedir a la empresa el pago de los salarios de los trabajadores, entre 6 mil y 7 mil pesos por un mes y medio de cosecha de papa”.

Esta situación penosa ocurre porque empresarios y gobiernos están coludidos. De hecho, empresarios y políticos son los dueños de los ranchos. Supervisión oficial jamás la ha habido, las denuncias nunca se atienden. ¿El gobierno es inepto e irresponsable? Más que eso, se trata de un círculo viciado, la razón es simple: las “autoridades” no pueden actuar contra sí mismos. Esto se sabe, especialmente, en Baja California. Así lo indican luchadores sociales.

“El descubrimiento de decenas de trabajadores agrícolas en condiciones de semiesclavitud en Baja California demuestra que la explotación en contra de los jornaleros sigue ocurriendo casi en las mismas condiciones que en la época del Porfiriato, debido a que las autoridades no realizan inspecciones exhaustivas en estos centros de trabajo, ya sea por ineficiencia o por complicidad con los empleadores, señalaron organizaciones especializadas en el tema (Cruz J., La Jornada de Baja California, en La Jornada, p.33, 22 marzo 2015).

“Jazmín Reza, integrante del colectivo Jornaleros Safe, indicó que desde hace muchos años se sabe que los trabajadores de ranchos y complejos agroindustriales son sometidos a turnos de más de 12 horas, con trabajo infantil, expuestos a químicos peligrosos y viviendo en lugares insalubres.

“El que solamente tres de los jornaleros tarahumaras hayan querido regresar a su lugar de origen (luego de ser rescatados) demuestra la extrema pobreza en la que viven y su gran vulnerabilidad, que lleva a la violación sistemática de sus derechos humanos por parte de su empleador, manifestó.

“La gran mayoría de los trabajadores agrícolas, tanto indígenas como mestizos, sufren prácticas como retención de pagos, ausencia de contratos laborales, jornadas de sol a sol, alimentación precaria y trabajo infantil, las cuales podrían configurar delitos como trata de personas”.

Pero, eso no solamente ocurre en Baja California.

“Los jornaleros rarámuris no sólo son explotados en Baja California Sur y Sinaloa, sino también en los huertos manzaneros de Cuauhtémoc y Guerrero, donde les pagan por día laborado y sin prestaciones, aseguró el sacerdote Javier Ávila, párroco de Creel y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) (Breach M., en La Jornada, p.34, 20 marzo 2015).

“El delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Cutberto Medina, informó que 70 de los 200 indígenas que fueron reclutados por la empresa El Cerezo y llevados a Baja California Sur decidieron regresar a sus comunidades y 130 optaron por quedarse”.

El mismo gobierno, temeroso de que haya un estallido social en el campo, que ojala ocurriera, ahora sí anunció vigilancia en los campos agrícolas. El secretario del trabajo de Peña, Alfonso Navarrete Prida, de negros antecedentes informó del rescate de un grupo de mixtecos que laboraba en condiciones de esclavitud, en Colima.

Para “taparle el ojo al macho”, el gobierno informa de atrocidades.

“Hay una red de delincuencia organizada tras la explotación y prácticas de esclavitud cometidas contra jornaleros mexicanos, por lo que se están llevando a cabo inspecciones para fincar responsabilidades a quienes cometen estos actos, y también para evitar un estallido social en el campo, señaló el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, luego de anunciar que se rescataron a otros 49 indígenas mixtecos en Colima, en una empresa agrícola (Muñoz P., en La Jornada, p.7, 24 marzo 2015).

“Esta acción se realizó gracias a una denuncia ciudadana, dijo el funcionario en una conferencia en la que dio a conocer una grabación de la llegada de los inspectores al campo agrícola propiedad de Luis David González Virgen, en la que un menor de edad relata que les pagan 3 pesos por cubeta recolectada de pepino.

“–¿Cuántas cubetas recolectas al día?

“–Entre 25 y 30.

“Sin embargo, ni siquiera reciben completos los 3 pesos por cubeta, pues les descuentan por supuestamente darles donde vivir, además de que les venden productos básicos. En el video se observa que los jornaleros no cuentan con baños, y como dormitorios tienen campamentos improvisados con hules y palos; viven hacinados, en condiciones de insalubridad, y en donde pululan bebés y niños.

“A los trabajadores no les proporcionan agua potable, laboran con los pies hundidos en lodo, prácticamente sin comida, de las 6 de la mañana a las 16 horas, y se encuentran en la total informalidad.

“Los indígenas mixtecos rescatados fueron llevados por un enganchador de nombre Feliciano Martínez García, desde Guerrero, e incluso entre ellos se encuentran 13 menores de edad. En el video presentado se ve cómo niñas de escasos siete o 10 años recolectan el pepino, con ropa hecha jirones, a pesar de las bajas temperaturas del lugar, sin protección de ninguna índole.

“El predio donde se encontraban estos jornaleros y sus familias está ubicado en el camino hacia El Mirador, ejido El Diezmo, sin número, en Colima, y ante las innumerables violaciones a los derechos humanos y laborales, los inspectores ordenaron la restricción de las operaciones de este centro laboral e instruyeron 64 medidas de aplicación y corrección inmediata, y dieron vista a diversas autoridades”.


Más aún, la propia secretaría del trabajo y previsión social (STPS) informó del modus operandi de los enganchadores.

“Llegan a comunidades de campesinos a ofrecer trabajo en otros estados del país. Los engañan, les dicen que tendrán empleo y un lugar donde vivir, e incluso que pueden llevar a toda su familia, para trasladarlos a lugares alejados. Es la forma como operan los enganchadores de jornaleros que pululan en las zonas agrícolas de México y que reproducen el esquema de esclavismo contra trabajadores del sector (Muñoz P., en La Jornada, p.11, 25 marzo 2015).

“Los enganchadores evitan a los dueños de los campos agrícolas toda responsabilidad laboral con los jornaleros. Son los intermediarios que pagan a los campesinos por destajo, por lo que recolecten o produzcan, y se arreglan con los patrones.

“A través de un video, difundido por la propia STPS, se muestra que, “para los enganchadores la ganancia es triple o cuádruple, porque además de que pagan a los jornaleros salarios de miseria –por ejemplo, tres pesos por recolectar un bote de pepinos, de 30 kilogramos–, les prestan dinero para el traslado, les venden alimentos, hules y palos para que armen seudodormitorios a la intemperie.

“El video muestra que los enganchadores y el propietario del campo, Luis David González Virgen, no proporcionaban alimentos ni vivienda a los jornaleros y sus familias, y documenta las siguientes violaciones: trabajo infantil forzoso, acceso de niños sin ninguna restricción a sustancias químicas que ponen en grave riesgo la salud y condiciones insalubres, sin baños ni letrinas.

“Además, se observa que las mismas personas que los engañaron y llevaron a esas condiciones miserables de trabajo les vendían productos básicos para que comieran y les pagaban a destajo. A pesar de trabajar de seis de la mañana a cuatro de la tarde, los jornaleros no alcanzaban el salario mínimo”.

Todo eso es “nuevo” para el gobierno, antes no sabía nada. Y, ¿del siguiente caso, tampoco sabía?

“La Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Temporales Sinaloenses presentó ayer ante el Ministerio Público de Los Mochis, Sinaloa, una denuncia por fraude contra Jesús Mercado, alias El Machurro, reclutador de la empresa Louisiana Aquaculture Investments, quien desde hace cinco años realiza cobros de entre 4 mil y 5 mil pesos a jornaleros con la falsa promesa de otorgarles una visa H2-A para realizar labores de pesca de langosta en Estados Unidos” (Pérez C., en La Jornada, p.12, 26 marzo 2015).

Han pasado más de 100 años y el gobierno apenas está descubriendo el agua tibia. Antes no había visto ni oído nada. Cuando Salinitas impuso el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) no sabía cómo estaba el campo, cuando privatizó el ejido, tampoco. Lo que si sabían TODOS era PROHIBIR la sindicalización de los trabajadores agrícolas. En sus leyes burguesas, esos trabajadores No existen. Consecuentemente, políticos y empresarios actúan en la ilegalidad. ¿Eso tampoco lo sabían?

El gobierno de Peña busca curarse en salud pero es, igualmente, responsable que sus antecesores. ¿Ahora, procederá como es debido? Dudámoslo, ¡perro no come perro! Los enganchadores que denuncia Navarrete Prida son gentuza al servicio de la CTM y de la CROC, los pilares que sostienen al corporativismo con el Estado. ¿Apoco nadie en el gobierno sabía qué son los charros sindicales, con los cuales cohabitan?

Peor es nada, dirán algunos, por lo menos hay denuncias. En cambio, los diputados apenas dijeron que van a iniciar una investigación. En más de 100 años no sabían nada.

“La Junta de Coordinación Política acordó aprobar el miércoles un punto de acuerdo en el pleno para solicitar a los gobiernos federal y de Baja California, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inicien una investigación sobre la explotación de jornaleros en San Quintín” (Méndez E., en La Jornada, p.7, 24 marzo 2015).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ignoraba los hechos. ¿Para qué sirve esa Comisión? Afortunadamente, la huelga de los jornaleros ha puesto en evidencia las condiciones infames de trabajo y desprotección social. Ese solo hecho ya es un triunfo de los huelguistas. Ahora, la CNDH “abrirá un expediente”, es realmente poca cosa, ya veremos que más hace.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja para investigar la probable violación a las garantías básicas de los jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur” (Camacho F., Vargas R. E., Enciso A., en La Jornada, p.11, 25 marzo 2015).

Entre tanto, un profesor del IPN recordó la situación precaria de muchos mexicanos.

“Genaro Aguilar Gutiérrez, profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, indicó que así como los jornaleros agrícolas carecen de prestaciones laborales, en el país hay 16.3 millones de mexicanos en esa condición, entre trabajadoras domésticas, albañiles y choferes. Esta situación afecta a las familias de estos empleados, que suman aproximadamente 30 millones de personas.

“Indicó que son millones de trabajadores, formales e informales, que aunque tienen contrato no reciben aguinaldo, pago de vacaciones ni utilidades, y la empresa para la que trabajan no les otorga el beneficio de tener acceso al Seguro Social”.

Al respecto, se informó que los jornaleros serán incorporados al IMSS, lo cual sería otro logro de la huelga.

“El comisionado para el Diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, informó a la Cámara de Diputados que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya aceptó registrar a los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, para que comiencen a cotizar y tengan derecho a recibir atención médica y a la jubilación (Garduño R., Méndez E., en La Jornada, p.12, 25 marzo 2015).

“Actualmente, como no les cuentan jornales para jubilación, no hay en el país un solo jornalero pensionado o jubilado, explicó.

“El compromiso del Seguro Social es dar inicio a un programa para garantizar la obligatoriedad de la incorporación de los jornaleros. No habrá un solo trabajador del campo que no esté asegurado, resaltó.

“Refirió que también se avanza en otras exigencias presentadas por los jornaleros, entre otras un aumento salarial, que es de 117 pesos diarios, muy inferior a otros campos agrícolas, como los de Sonora, donde es de 200, y que el pago sea en efectivo, no en cheque”.

Martínez Veloz dijo que un empresario ya incrementó el salario de 12 a 20 pesos por caja de fresas y de 117 a 120 pesos por día, ya sea a destajo o por jornal, y no tiene pérdidas, lo cual refleja que el aumento sí es posible.

Bueno, la “disposición” del IMSS es declarativa, falta que los patrones cumplan y paguen. ¿Lo harán debidamente?

Respecto a que una empresa aceptó un aumento de salarios de 117 pesos a 120 pesos, Martínez Veloz hace demagogia, ese aumento del 2.5% es apenas una burla.

Una mejor respuesta es la de los indígenas oaxaqueños quienes plantean un boicot agrícola en los Estados Unidos, como lo hiciera César Chávez en la década de 1960 y 1970.

“El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) planea llevar a cabo un boicot en el mercado estadunidense de productos agrícolas cosechados en el valle de San Quintín, dio a conocer Rogelio Méndez, líder del frente, quien responsabilizó al gobierno de Baja California de las condiciones inhumanas y la falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región, cuyos reclamos han sido tradicionalmente ignorados (Rosas L., en La Jornada, p.5, 23 marzo 2015).

“Advirtió que si los labriegos no llegan a un resolutivo formal, aceptarían la solidaridad del sindicato de campesinos fundado por César Chávez, para iniciar el boicot.

“Esta es una realidad que evaden los funcionarios responsables y, si nos salen con una vacilada, nos vamos al boicot contra la exportación de jitomate, pepino y fresa a Estados Unidos, con el respaldo de la unión de César Chávez”, aseguró el dirigente binacional.

“El FIOB buscaría boicotear las compras de jitomate, pepino y fresa, productos de exportación comercializados por las cadenas Costco y Walmart de Estados Unidos.

“El líder del frente indígena aseguró que decenas de miles de jornaleros de los pueblos colindantes con San Quintín enfrentan un persistente rezago en sus derechos humanos y también en materia laboral, como incumplimiento en el pago de salarios, nulos servicios médicos, condiciones de trabajo deplorables en los campos agrícolas, ausencia de seguridad social, así como falta de prestaciones y vivienda digna.

“Además, son sometidos a largas jornadas por un salario miserable sin las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo. La mayoría trabaja sin contrato laboral y cuando lo tienen no hay garantía de que se cumpla.

“Los trabajadores han contribuido a que los ranchos agrícolas del Valle de San Quintín exporten sus productos a Estados Unidos, Canadá y Europa. Los jornaleros sostienen la productividad y competitividad en el campo para que esta zona sea hoy considerada por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid como un potencial productivo para complementar la demanda de los productos hortícolas en mercados de Estados Unidos y Asia (China, Japón, Corea y Hong Kong).

“Es histórica la violación a los derechos humanos y laborales de la gente de San Quintín; llevan 30 años en lucha; sólo cambian las formas de explotar a los trabajadores, pero sigue el contubernio y omisión de las autoridades que debieran salvaguardar los derechos laborales; tienen derecho a exigir mejores salarios, porque el trabajador agrícola vive al día, es añeja su pobreza como indígenas y migrantes”, dijo Rogelio Méndez.

El 23 de marzo, “la empresa BerryMex emitió un comunicado en el cual aseguró que respeta “el derecho de todos a manifestarse pacíficamente y valoramos el diálogo establecido en este proceso. Sin embargo, condenamos enérgicamente la violencia y el saqueo a terceros que ha impactado negativamente a las familias y las pequeñas empresas en toda la región. Nuestro objetivo principal sigue siendo el bienestar de nuestros empleados y estamos trabajando con las autoridades locales para salvaguardar el bienestar de nuestros trabajadores y la comunidad local”.

Suena re’bonito pero los hechos son otros y opuestos. A través de su abogado patronal y tranza, los empresarios hicieron a los huelguistas una propuesta inaceptable y ridícula.

“Jornaleros de San Quintín rechazaron la oferta de aumento salarial de 6 por ciento que presentaron empresarios agrícolas; ellos exigían fijar el sueldo diario en 300 pesos. En la mesa de diálogo en la que se analizan ingresos y mejoras laborales, agricultores y autoridades se negaron a aceptar la demanda de los trabajadores, que redujeron su propuesta a 280 pesos (Aragón O., en La Jornada, p.11, 26 marzo 2015).

“¡Es una burla a los trabajadores!, dijo Justino Herrera, dirigente de los jornaleros. Explicó que el incremento que ofrecen es con base en el salario mínimo de 70.10 pesos, lo que significa un aumento menor a 10 pesos. Actualmente perciben entre 110 y 130 pesos. Indicó que la demanda es de 300 pesos, que equivale a 4.4 salarios mínimos.

“La oferta de aumento salarial la hizo Alberto Muñoz, representante del Consejo Agrícola de Baja California, en nombre de los empresarios de San Quintín”.

Como hace 100 años, el abogadillo cree que La Rosa Blanca es suya y puede imponer su voluntad, los demás deben agradecérsela. Esa “ceguera” y voracidad patronal y abogadil no ha cambiado en nada. En una revisión contractual normal, los patrones siempre ofrecen ridiculeces, después terminan aceptando otra cosa. Pero, en este caso, no se trata de condiciones normales. Los patrones se burlan, y más, en la ausencia del gobierno pues, ninguna instancia participa. Eso ha molestado mucho a los huelguistas y con razón.

“¿A qué estamos jugando? ¿Quieren desgastar a la gente más de lo que ya está? ¿Quieren que griten desde sus tumbas los que murieron luchando por un salario justo?, agregó Bonifacio Martínez Cruz, otro dirigente, quien invitó a los empresarios a que intenten vivir en sus condiciones y con ese sueldo.

“Fermín Salazar, dirigente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, argumentó que presentaron la demanda de 4.4 salarios mínimos con base en el costo de la canasta básica en tiendas de la región”.

El gobernador de Baja California (PAN) de inmediato dijo que la propuesta de los jornaleros “es inviable”. No nada más, elogió “el esfuerzo” que hacen los patrones. Dijo que los salarios mínimos serán homologados, “y como Baja California pertenece a la zona A, aquí el incremento es de cero por ciento, dijo López Núñez al destacar la buena voluntad de los horticultores de aumentar 6 por ciento el salario sin estar obligados a hacerlo”.

Entre tanto, los jornaleros redujeron su demanda a 280 pesos por jornada. La huelga continúa.

Si patrones y gobierno siguen haciéndose omisos, tendrán que soportar más días de huelga. Todavía, los jornaleros agrícolas tienen más armas de lucha, como lo han anunciado los indígenas oaxaqueños. El pueblo de México debe manifestar su solidaridad con la huelga de los jornaleros agrícolas. Universitarios, académicos, artistas y obreros concientes debemos solidarizarnos plenamente.

El FTE de México apoya la huelga. Adelante compañeros (as) ¡Unidos Venceremos!

¡Abajo el charrismo sindical! ¡Abajo el corporativismo sindical-patronal con el Estado! ¡Derechos obreros para todos!


Ref.: 2015, elektron 15 (86) 1-6, 26 marzo 2015, FTE de México.

Huelga de jornaleros agrícolas, San Quintín, BC. FOTO: El Mexicano

Bloqueo de la carretera Transpeninsular. FOTO: E. Luna

Policía estatal en la represión a huelguistas. FOTO: E. Lima

Jornaleros del valle de San Quintín, BC. FOTO: El Sol de Tijuana

Huelguistas del valle de San Quintín, BC. FOTO: E. Lima