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JULIO 2008.
Agustín Carstens, secretario de hacienda y representante del FMI en el gobierno de Calderón, insiste en la privatización de Pemex para producir y exportar más petróleo crudo. Nervioso y desesperado insiste en hacer de la paraestatal una empresa otorgadora de contratos a las transnacionales, hecho prohibido por la Constitución. Cartens considera que el gobierno (sic) es el “dueño” de Pemex y de los hidrocarburos. No es así. El derecho sobre los recursos naturales energéticos e infraestructura industrial relacionada es de la nación, ni siquiera es del Estado, mucho menos del gobierno.
JUNIO 2008.
Georgina Kessel tiene prisa para la privatización de Pemex. La titular de la secretaría de energía (Sener) dijo que el Senado dictaminará acerca de las 6 iniciativas de reformas a la legislación petrolera secundaria en cuanto concluya el Debate entre cuatro paredes. La señora aseguró que ya existe acuerdo entre los partidos políticos. La consulta propuesta por Marcelo Ebrad para realizarse el 27 de julio fue considerada “inútil” por Kessel y dijo que ninguna (sic) de las iniciativas gubernamentales plantea la privatización de Pemex. ¡Claro!, no es ninguna, son TODAS pues se trata de iniciativas inconstitucionales que deben ser RETIRADAS por improcedentes.
Desde el siglo XIX, los círculos obreros de la época hicieron de la prensa obrera y de la huelga dos de las más importantes armas de lucha de la clase obrera. El magonismo concentró, en ambos medios, la mayor atención dedicándose al desarrollo de las ideas políticas y a su difusión para contribuir a la elevación de la conciencia de los trabajadores y pueblo de México acerca de las condiciones sociales y políticas de la época. El periódico Regeneración fue el centro para la organización y la educación política de las masas. Pero el magonismo, en lúcida coherencia y con gran honestidad política e intelectual, no se limitó a la propaganda sino que participó en acciones directas, estando presente en los movimientos obreros más importantes del momento.
Hace 100 años, el 25 de junio de 1908, los magonistas se levantaron en armas en Coahuila y en Chihuahua. Esa fecha había sido acordada por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM) para estallar la Revolución. El día anterior, la dictadura procedió a detener, encarcelar y asesinar a magonistas en varias partes del país. Sin embargo, en Las Vacas, en Viesca y, después, en Las Palomas se produjeron levantamientos entablándose fuertes combates con el ejército de la dictadura. No obstante la inferioridad numérica y de armamento, los rebeldes combatieron hasta agotárseles el último cartucho para después replegarse hacia las montañas.
Del proletariado de la época surgieron los grandes movimientos precursores de la Revolución Mexicana. Ferrocarriles, mineros y textileros llevaron a cabo importantes huelgas entre 1903-1908. Las organizaciones que contribuyeron a estos movimientos estaban ligadas al Partido Liberal Mexicano (PLM) que encabezó Ricardo Flores Magón.
Diversas organizaciones de Nuevo León, organizaron en Monterrey un Foro sobre la Reforma Energética que promueve el gobierno federal para privatizar a Pemex y entregar los recursos naturales energéticos a las corporaciones transnacionales. El 20 de junio, con una importante asistencia que incluyó a los exmineros de las secciones 67 y 68 de Monterrey, el FTE compartió información y colectivamente se hizo un análisis de las 6 iniciativas de reforma regresiva a la legislación petrolera secundaria. En varias intervenciones, los asistentes expresaron su disposición a fortalecer la lucha con la convicción de que “vamos a impedir la privatización”.
En varias partes del país, las diversas organizaciones en lucha participamos de un activo Debate Popular contra la Reforma Energética Neoliberal. En auditorios, universidades, plazas públicas, mercados, parques y demás espacios posibles, el pueblo de México se informa del contenido y alcance del paquete de iniciativas privatizadoras de Pemex, enviadas por el presidente de facto al Senado y analizadas por éste en un “debate” entre cuatro paredes.
Uno a uno han venido cayendo los “argumentos” del gobierno federal para privatizar a Pemex, mediante reformas a la legislación petrolera secundaria que contravienen a la Constitución. Ahora, el gobierno de facto, apoyado por el PAN, empresarios y clero político, pretende impedir que el pueblo opine sobre sus derechos soberanos cerrándole todos los espacios políticos. ¡El pueblo abrirá los espacios! Para ello, es preciso enfatizar en la necesaria organización social.
La propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la Nación, o sea del pueblo mexicano, dijo el ex ministro Juventino Castro al participar en el Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado. La Constitución es un pacto político, no es solo “la ley de leyes” sino el Estatuto que otorga e impone identidad soberana al pueblo de México. Dijo que el Ejecutivo federal había seguido una “vía impertinente” para contradecir a la Constitución, que las iniciativas son inconstitucionales y que debe realizarse una Consulta Popular sobre tales propuestas.
La Constitución no es una ley jurídica ni un conjunto de normas, es una institución que expresa un pacto político, expresó Arnaldo Córdoba al participar en uno de los Foros de Debate organizados por el Senado. Las iniciativas de reforma a las leyes secundarias son inconstitucionales porque contraviene a la Constitución. El pueblo debe decidir, en ejercicio de la soberanía nacional, acerca del derecho que es de la nación, propuso. Advirtió que, de imponer decisiones unilaterales, se pondría en riesgo la “paz social” y la “enclenque” democracia quedando todo en un “diálogo de sordos”.
Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, charros del SNTE y del STPRM, anunciaron una alianza con propósitos turbios. Se trata de unir fuerzas entre mafias para seguir agraviando a los trabajadores. Ofrecen al gobierno “un nuevo modelo de relaciones laborales”, es decir, la aceptación de la reforma laboral neoliberal. La propuesta no implica ningún “nuevo sindicalismo”, como declaran, sino el reforzamiento de las peores prácticas, criminales y corruptas, del charrismo sindical.
Para Juan Camilo Mouriño, secretario de gobernación de Calderón, la consulta ciudadana propuesta por Marcelo Ebrad, jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) sobre la reforma energética neoliberal “es una figura específica que no existe en la Constitución”. Ese individuo español desconoce la Constitución pero la viola flagrantemente pues ocupa un cargo en el gobierno sin ser ciudadano mexicano.
Jesús Reyes Heroles, operador de Bush y director de facto de Pemex, considera que el pueblo mexicano no tiene capacidad para opinar, y menos decidir, sobre la reforma energética pro-imperialista. Georgina Kessel, representante de Bush en el gobierno de Calderón, dijo que la decisión “ya se tomó en 2006” implicando que el fraude electoral incluye la privatización de Pemex. Son Kessel y Heroles quienes carecen de autoridad moral y política para decidir la entrega a las transnacionales de los recursos naturales y patrimonio energético colectivo de la nación.
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Comisión de Energia