En esta comunidad colimense, la asamblea comunal destituyó a sus representantes y declaró libre de minería a la región. El gobierno se niega a reconocer los acuerdos de la asamblea. Un día, el gobierno anuncia que no se instalará ninguna mina y que el Registro Agrario Nacional reconocerá a la asamblea. Otro día, el Tribunal Unitario Agrario la desconoce. Son maniobras unilaterales que no deben doblegar a la comunidad.

Manantiales de Zacualpan

El 15 de marzo se publicó lo siguiente:

Los gobiernos estatal y federal acordaron con los comuneros de Zacualpan, municipio de Comala, no permitir que el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez instale una mina de oro en esa comunidad, informó Ernesto Pasarín Tapia, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (Flores J.C., en La Jornada, p.32, 25 marzo 2014).

Reveló que no hay solicitud o trámite alguno para la instalación de la mina o de cambio de uso de suelo ni en la delegación ni en las oficinas centrales de la Semarnat, pero aunque se presente una manifestación de impacto ambiental no se permitirá la instalación del socavón.

El Registro Agrario Nacional, por su parte, informó que reconocerá la validez de la asamblea comunal de Zacualpan realizada el 23 de febrero pasado, la cual declaró a esa comunidad zona libre de minería.

El 29 de marzo, las noticias publicadas fueron diferentes:

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en esta ciudad ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) abstenerse de cualquier actuación judicial en favor de la asamblea de bienes comunales en Zacualpan efectuada el pasado 23 de febrero, mediante la cual se declaró territorio libre de minería a la citada comunidad (Flores J.C., en La Jornada, p.27, 28 marzo 2014).

En la citada asamblea, los indígenas destituyeron a Carlos Teodoro Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán como presidente, secretario y tesorero del comisariado de bienes comunales, respectivamente, por apoyar la instalación de una mina de oro sin consultar a sus representados, y en su lugar nombraron, en ese mismo orden, a Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda.

Los indígenas realizaron movilizaciones que incluyeron la toma del manantial de Zacualpan, lo que dejó sin agua a la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, de donde fueron dispersados por la policía el 21 de marzo.

Tras el desalojo, los comuneros se reunieron con representantes de las secretarías de Economía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, además del gobierno del estado y del ayuntamiento de Comala, con quienes firmaron un acuerdo para declarar a Zacualpan zona libre de minería.

Una semana antes, sin embargo, los ciudadanos Carlos Guzmán, Román Lorenzo y Prisciliano Guzmán, a nombre del depuesto comisariado, ingresaron una solicitud de nulidad de la asamblea y sus acuerdos, la cual el TUA admitió el 18 de marzo y ordenó al RAN abstenerse de reconocer jurídicamente dicha asamblea.

Antonio Luís Betancourt, magistrado del TUA, dictó un acuerdo (81/14) “que deja en indefensión a la comunidad indígena de Zacualpan”, señaló Esperanza Salazar Zenil, presidente de la organización ecologista Bios Iguana.

“Sin ser oídos ni vencidos en juicio, la autoridad responsable, en forma inconstitucional, ilegal y violatoria de todo derecho indígena, desconoce sin razón y sin fundamento alguno el acuerdo tomado por el máximo órgano de gobierno de la comunidad indígena, que es la asamblea”, manifestó la activista.

Declaró que el TUA inventó un nuevo término y llama “sustitutos” a los nuevos representantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que desconoce esa elección.

Por lo anterior se interpuso un juicio de amparo indirecto ante el segundo juzgado de distrito en Colima, que fue admitido con el número 580/2014, cuya audiencia se realizará el próximo 25 de abril.

Lo realizado por el gobierno en Zacualpan es típico. Un día están de acuerdo con la comunidad, al otro le pegan. En el presente caso, las autoridades agrarias tratan a los comuneros como menores de edad. Siempre ha sido así. Para realizar una asamblea se deben cumplir requisitos al gusto de las autoridades o no se autoriza. Después, para constituir el quórum siempre hay dificultades. Luego, los acuerdos deben ser a conveniencia del gobierno o no se aceptan. La función del gobierno es impedir el ejercicio de la democracia ejidal y comunal.

En esta ocasión el gobierno podrá reconocer o no a los nuevos representantes. Lo importante es ejercer las decisiones de la asamblea. Los nuevos representantes deben fungir y ser apoyados por los comuneros. Hay experiencias previas. Lo importante es no perder de vista los objetivos centrales del movimiento y fortalecer a este. Al final, serán reconocidos los representantes electos por la asamblea, quiera o no el gobierno.

Hacer de la región una zona libre de minería es una propuesta correcta, razonable y justa; igualmente, lo es la propuesta de cuidar el agua.

El movimiento tiene varias vertientes. Hay que seguir los trámites agrarios y hacer valer los acuerdos de la asamblea. También deben seguirse los aspectos legales del problema que ambientalmente no está bien sustentado por la empresa. Lo fundamental está en el cuidado con el uso del agua, que debe ser para el consumo humano y no para la minería. Una mina de Oro es sinónimo de tragedia para las poblaciones. Con esa mina solo habrá beneficio para el o los empresarios involucrados, así como los funcionarios del gobierno implicados. Para la comunidad solo habrá más empobrecimiento, desolación y muerte.

El gobierno federal está detrás del capital minero atentando contra el pueblo. El gobierno local sabe de la inconveniencia de la mina pero el federal busca imponerse unilateralmente. ¿Qué es lo que define? La movilización y la lucha social independiente. El movimiento debe ser fortalecido, extendido y consolidado, poniéndolo de relieve a nivel nacional.

Las decisiones de la asamblea son un ejemplo para otras comunidades. Las trabas gubernamentales son las esperadas por haberse practicado impunemente durante décadas. Pero las burocracias en turno no definen, lo que determina es la acción organizada y conciente de las comunidades.


Ref: 2014, elektron 14 (129) 1-2, 5 abril 2014, FTE de México.