La transnacional Mareña renovables saldrá de la Barra de Santa teresa pero no del Istmo de Tehuantepec. El gobierno del estado de Oaxaca anunció la reubicación. Nos congratulamos de la victoria parcial pero la Mareña y demás transnacionales deben salir de Oaxaca y de México. La reubicación solo agravará el conflicto en la región.

La noticia tiene su parte buena: Mareña se va. Pero también hay otra mala: la transnacional solo cambia de lugar, seguirá en el Istmo oaxaqueño.

El anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, de que Mareña Renovables –(MR) sociedad de inversión con capitales de Holanda, Japón, Australia, México y España– ya no va a construir el parque eólico San Dionisio en la barra de Santa Teresa y reubicará 270 aerogeneradores en otra parte del istmo de Tehuantepec, es un primer triunfo, importante, pero “es apenas un round de quién sabe cuántos”, es algo que hay que ver con cautela; además se tiene que hacer por escrito tanto por la propia empresa como por el gobierno (Rojas R., en La Jornada, p.2, 10 mayo 2013).

Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo afirmó que el anuncio de Zorrilla fue hecho tras el retraso en la ejecución de obras debido a las protestas y por la suspensión de plano otorgada por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, en respuesta a la demanda de amparo de la comunidad de San Dionisio del Mar.

La ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo que el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio hecho por Zorrilla y se oficialice por escrito. Asimismo continúa el plantón a la salida de Juchitán hacia playa Vicente contra la construcción del parque eólico de Gas Natural Fenosa, indicaron los entrevistados.

De la misma forma se mantiene la decisión de las comunidades de no permitir la realización de elecciones para alcaldes y diputados locales el 7 de julio y elegir por usos y costumbres al presidente municipal en San Dionisio y al agente municipal en Álvaro Obregón.

Zorrilla, según el diario digital e-oaxaca.com, en declaraciones a medios locales informó la noche del miércoles que el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron con MR el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la barra de Santa Teresa para destensar el conflicto por la construcción de su parque eólico valuado en poco más de mil millones de dólares, luego de los problemas causados por instalación de aerogeneradores en una presunta zona sagrada.

El funcionario subrayó que las empresas eólicas tienen 100 mil hectáreas de espacio para operar, y sólo han trabajado sobre 12 mil, por lo que hay mucha tierra ofertable fuera de la zona en conflicto. ¡Vaya desvergüenza del funcionario entreguista!.

Preneal, trasnacional española de energía, inició en 2004 las gestiones para desarrollar el proyecto del parque eólico istmeño, el más grande de América Latina, con capacidad de generación de 396 megavatios, en San Dionisio del Mar –cuyas autoridades comunales le arrendaron mil 643 hectáreas donde pretendía instalar 102 aerogeneradores, básicamente en la barra de Santa Teresa– y en Santa María del Mar, donde las autoridades comunales le arrendaron 2 mil 261 hectáreas de uso común –donde pretendía instalar 30 aerogeneradores–, de las cuales unas mil están en conflicto con la vecina comunidad de San Mateo del Mar. Ante esto, San Mateo mantiene bloqueado desde hace tres años el camino hacia Santa María, lo que dejó a esa comunidad aislada por tierra (Rojas R., en La Jornada, p.2, 10 mayo 2013).

Preneal vendió a su vez el proyecto, en marzo de 2011, en 88.9 millones de dólares (unos mil 63.5 millones de pesos) a Mareña Renovables SAPI de CV, integrada por Macquarie Capital y el Fideicomiso de Infraestructura Macquarie II (FIMM), el fondo de pensiones holandés PPGM y Mitsubishi Corporation, transfiriéndole las tierras arrendadas a ambas comunidades. El parque abastecería de electricidad a las filiales de FEMSA (Fomento Económico Mexicano SA de CV, que opera empresas como Coca-Cola y Oxxo), y a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, filial de Heineken NV, grupo cervecero líder mundial.

Según información de Mitsubishi, el proyecto citado está valuado en más de mil millones de dólares.

Con Mareña han quedado al descubierto los mecanismos para la apropiación de la tierra por parte de las transnacionales. Primero, una empresa compra grandes extensiones de terreno para desarrollar un `proyecto. Luego, como particular, vende las tierras a cualquier corporación y éstas los titulan a su nombre “sin” haber despojado a nadie. Hecho, lo anterior, la vendedora se desaparece.

Las trácalas no quedan ahí. También ocurren con los permisos de generación eléctrica que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorga a los particulares. Esos permisos pueden transferirse entre privados y así lo hacen las corporaciones españolas y otras. La CRE respalda “a quién sea”, el objetivo es que privaticen “todo lo que puedan”.

En todos los casos, los permisos de la CRE “obligan” a la CFE a construirle a las transnacionales la infraestructura necesaria para la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que les permita utilizar las redes eléctricas de transmisión y distribución, que la misma CRE pone a su servicio.

Algunos miembros de las comunidades mencionan con frecuencia, que se oponen porque no fueron consultados. Dicen que se niega el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se quiera hacer en sus territorios, como establece el convenio 169 de la OIT.

Ese convenio de la OIT es una recomendación y esa es una táctica que puede mencionarse pero no idealizarse. La afectación de las transnacionales no es solamente a los territorios locales sino a la nación en su conjunto. A nivel general se trata del despojo de la tierra y sus recursos naturales, que constituyen un patrimonio colectivo. Eso ocurre como parte del proceso de privatización energética furtiva.

A eso hay que oponerse. Está muy bien que Mareña se vaya de la barra de Santa Teresa. Pero está muy mal que siga en el Istmo de Tehuantepec. Esto es, el asunto no está resuelto. Mareña y demás transnacionales deben salir de Oaxaca y de México.

Limitarse a pedir una consulta es riesgoso pues podrán entregarse las tierras “democráticamente”. ¿Cómo confiar en los gobiernos y autoridades locales que previamente son comprados por las corporaciones, como ha sucedido hasta ahora? Las corporaciones son corruptas con o sin consulta.

Y, si la mayoría decide entregar las tierras, ¿sería correcto hacerlo?

La mejor garantía para la defensa de las tierras y recursos naturales está en la unidad expresada orgánicamente. Esto quiere decir que se necesita construir una organización, estructurada y entrelazada a nivel local, regional y nacional. Pero, además, de necesita de articular la lucha por objetivos comunes indicados en un programa específico. Ese programa es el que representaría a la dirección política del movimiento.

Claro que la lucha local es muy importante pero las perspectivas locales son muy limitadas y en muchos casos no tienen solución. Así, que Mareña salga de la Barra de Santa Teresa es motivo de congratulación. Pero, ahora hay que perseguirla porque, dónde sea que se instale volverá a reaparecer el problema. O, ¿ese será asunto de otras comunidades, las que pueden decidir lo que quieran? No, evidentemente.

Con la experiencia previa, la transnacional y sus personeros apoyados por el gobierno del estado de Oaxaca buscarán otro lugar que ofrezca mejores condiciones. Para ello cuentan con el dinero de la Coca Cola, Oxxo y las cerveceras, y la fuerza pública estatal.

La organización y su correcta dirección política son indispensables porque la entrega de las tierras por la vía de la renta es sinónimo de perderlas. Durante 30 a 50 años, las corporaciones construyen instalaciones que, al término de su vida útil, habrá que desmantelar. Falta que lo hagan porque ese proceso es muy costoso e improductivo. Aún en el caso en que lo hicieren habrán dejado tras sí un páramo, tierras estériles de muy difícil recuperación.

Eso en el caso de que hubiese quien reclame. Lo más probable es que luego de 50 años no haya ya nadie en los pueblos vecinos los que serán obligados al éxodo por ser ajenos en sus propias tierras. Eso que pareciera lejano ya ocurre actualmente, en cuanto entregan las tierras pierden el derecho de pisarlas pues se vuelven propiedad privada. El caso entonces, debemos mirarlo más allá de una visión localista, es un asunto nacional e internacional.


Fuente: 2013, elektron 13 (137) 1-3, 17 mayo 2013.

El FTE saluda la lucha de las comunidades oaxaqueñas en defensa de la tierra y sus recursos