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Volumen 8, Número 107, julio 16 de 2008 www.wftucentral.org
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Pemex NO es del gobierno



Agustín Carstens, secretario de hacienda y representante del FMI en el gobierno de Calderón, insiste en la privatización de Pemex para producir y exportar más petróleo crudo. Nervioso y desesperado insiste en hacer de la paraestatal una empresa otorgadora de contratos a las transnacionales, hecho prohibido por la Constitución. Carstens considera que el gobierno (sic) es el “dueño” de Pemex y de los hidrocarburos. No es así. El derecho sobre los recursos naturales energéticos e infraestructura industrial relacionada es de la nación, ni siquiera es del Estado, mucho menos del gobierno.


Producir más para exportar más

En su comparecencia el 1 de julio a los Foros de Debate sobre la Reforma Energética organizados por el Senado de la República, Agustín Carstens, secretario de hacienda, aseguró que Pemex “puede enfrentar los retos de este momento”. Claro que los puede enfrentar, así lo ha hecho durante 70 años, no obstante la desastrosa política petrolera oficial. Pero, ¿cuáles son esos retos? Según Carstens, la extracción de petróleo crudo y su consiguiente exportación.

Carstens dijo que, por tanto, se hace necesario “acometer con urgencia” cambios que fortalezcan a la paraestatal, porque las plataformas de producción y exportación siguen declinando y las importaciones de combustibles crecen. Sin embargo, esos cambios, expresados en las 6 iniciativas de reformas a la legislación petrolera secundaria NO “fortalecen” a Pemex, simplemente la privatizan.

Es cierto que las plataformas de producción y exportación siguen declinando porque la extracción de crudo ha sido irracional desde hace 30 años, sin que haya habido una adecuada reposición de reservas ni se haya activado la exploración. El 80% de la producción nacional depende de un solo campo: Cantarell que entró en declive desde 2004. ¿Han hecho algo los sucesivos gobiernos en turno? No, a Pemex se le ha impedido realizar inversiones propias para sus obras de expansión. Ha sido, precisamente, la secretaría de hacienda, la encargada de sustraerle a Pemex casi la totalidad, y a veces más, de los recursos generados por rendimientos.

Las importaciones de gasolina y petrolíferos siguen aumentando día a día porque, deliberadamente, así lo indica la política petrolera oficial. ¿Por qué no se ha construido una sola refinería más desde 1979? Carstens mismo reconoce que Pemex genera suficientes ingresos. El problema reside en la política petrolera del gobierno basada en la exportación de crudo y la importación de derivados.

Autonomía de gestión pervertida

Según Carstens, “Los problemas de la empresa se centran no en la falta de recursos, sino en la falta de capacidad de ejecución y en su baja eficiencia operativa, por lo que es urgente dotarla de “instrumentos idóneos para superar esas limitaciones”. ¿Falta de capacidad de ejecución? Pemex produce más que muchas transnacionales juntas. ¿Baja eficiencia operativa? Pemex es una de las petroleras más rentables del mundo y principal fuente de ingresos del Estado mexicano.

¿Qué instrumentos “idóneos” propone Carstens? Modificar la relación entre Pemex y el gobierno federal para darle mayor autonomía. ¿De qué “autonomía” se habla? Dijo Carstens que, esa autonomía, implica la sustitución de los controles externos del gobierno a otros, internos, “con la más amplia transparencia y rendición de cuentas”, así como otro régimen fiscal para poder acometer la exploración en aguas profundas y “flexibilizar” la realización de contratos y adquisiciones.

Esa no es “autonomía de gestión”, como repite la campaña propagandística del gobierno, sino una perversión del concepto para privatizar a Pemex y hacerla funcionar como empresa privada, en contra de lo dispuesto por la Constitución. De acuerdo a la propuesta de reforma energética del gobierno, los “controles internos” estarían a cargo de 2 de los nuevos cuatro “consejeros independientes” que se integrarían al Consejo de Administración de PEMEX, en términos de lo expuesto por el proyecto SUMA diseñado en Houston durante el foxismo y, ahora, corregido y aumentado por Reyes Heroles y Calderón. En la iniciativa sobre la Ley Orgánica de Pemex, se indica que esos consejeros tendrán “absoluta independencia y autonomía en la toma de decisiones” y “acceso a toda la información relevante” ¿Para qué? Para “otorgar toda clase de contratos”, “contratar deuda pública” y “acudir al mercado externo de dinero y capitales”.

De acuerdo a esa iniciativa de ley, Pemex se dedicaría a otorgar concesiones y contratos a los particulares, hecho expresamente prohibido por la Constitución. ¿Cuál transparencia? La misma iniciativa indica que, en materia de exploración y producción de petróleo crudo, “el contenido y precio de los contratos serán determinados en el transcurso de su ejecución”. Esa “flexibilización” para la realización de contratos es explícitamente inconstitucional. La tal “autonomía de gestión” que promueve el gobierno neoliberal es el mecanismo para la privatización petrolera furtiva.

El régimen fiscal de que habla Carstens no significa ningún beneficio para Pemex, habida cuenta que se mantiene la tasa impositiva del 74 % (en 2008) que se reduciría al 71.5% en 2012, de acuerdo al Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH), actualmente vigente. Ahora, “para acometer la exploración en aguas profundas”, Carstens y Calderón proponen que siga la misma tasa impositiva sobre DOSH y, adicionalmente, se crearía un Derecho Especial Sobre Hidrocarburos (DESH), orientado precisamente a las aguas profundas, cuya tasa impositiva estaría en función del precio del barril del petróleo, indicando que de 90 dólares por barril en adelante, la tasa sería del 71.5%. Al momento, el precio de la mezcla mexicana de exportación rebasa los 120 dólares, de manera que, la tasa aplicable sería del 71.5% lo cual no alentaría, sino al revés, las actividades exploratorias de Pemex. ¡Ah!, pero si los inversionistas fueran privados, como lo pretende el gobierno federal, éstos podrían quedar eximidos del pago del 100% de impuestos. Eso es lo que Carstens pretende.

El gobierno NO es dueño de Pemex

Lo anterior se basa en los conceptos tergiversados del FMI, asumidos por los actuales funcionarios, mismos que ni siquiera han leído la Constitución ni mucho menos se asesoran por expertos sino por neoliberales perversos enemigos de la nación..

Según expresó Carstens, “Necesitamos un nuevo arreglo jurídico que precise el papel del gobierno federal respecto de Pemex como dueño, como regulador y como recaudador”. Bueno, el Estado podrá ser “recaudador” pero “regulador” en materia energética NO lo es, ni MENOS “dueño”.

El artículo 27 constitucional, párrafo cuarto, indica que “Corresponde a la NACION el dominio DIRECTO del petróleo y todos los hidrocarburos, cualquiera que sea su estado físico. Este derecho es “inalienable e imprescriptible”. Ni Carstens ni Calderón tienen facultades para violentar esta disposición del Pacto político de la nación.

Nación, Estado y gobierno NO son lo mismo. El derecho constitucional, en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, es de la nación, NO es del Estado y, mucho menos, del gobierno en turno. Esto es, el gobierno NO es dueño de Pemex ni de los hidrocarburos, la propiedad corresponde a la nación, constituida por todos los mexicanos vivientes, aún cuando la sociedad está divida en clases sociales antagónicas. Obviamente, Carstens piensa en la lógica de los expropiadores extranjeros. A partir de esos “conceptos”, derivan la idea de que el Estado (no el gobierno) debe ser “regulador” de las actividades estratégicas que le corresponde realizar de manera exclusiva. Tal es el caso de los hidrocarburos. La “regulación”, de acuerdo a la política capitalista neoliberal significa privatización, de allí las referencias reiteradas de Carstens.

Con esos “torcidos” conceptos, Carstens y el FMI insisten en engatusar a los mexicanos con la idea de los “bonos petroleros” que, permitirían ejercer un “inapelable control social” (sic) a los rendimientos esperados en la empresa petrolera. Los tenedores de los bonos, afirmó, exigirían rendimientos efectivos “y se convertirán en persistentes vigilantes de que Petróleos Mexicanos haga el mejor uso de su autonomía”.

Así, el gobierno neoliberal pretende que esos bonos, mismos que serían adquiridos por las fraudulentas Afores, sociedades de inversión o intermediarios financieros, sustituyan el derecho de propiedad de la nación.

Los pilares del FMI

Carstens resumió la propuesta neoliberal en “seis pilares” (sic): autonomía financiera y de gestión a la empresa; otorgarle facultades de decisión, de administración y de contratación, esto es, un “régimen idóneo” para contrataciones, adquisiciones y obras públicas, “acorde con la Constitución”. Esos “pilares” son inconstitucionales, el “régimen idóneo” para contrataciones, adquisiciones y obras públicas contravienen a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Además, según Carstens, esos “pilares” son para darle a Pemex “ventajas competitivas en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos” y ponerla “a la altura de las mejores empresas del mundo; reforzar su vínculo histórico con los mexicanos, mediante los bonos, y concederle “un régimen fiscal adecuado” para el desarrollo de zonas como Chicontepec y aguas profundas, así como campos abandonados y en aguas profundas”.

Esas “ventajas competitivas” no son tales, simplemente implican ceder funciones constitucionales a las transnacionales, no se refuerza “ningún vínculo histórico con los mexicanos” al contrario se trata de un serio agravio y despojo, pero aún mediante los “bonos”; a Pemex, no le concede ningún régimen fiscal adecuado sino al revés.

Activar la movilización organizada

El gobierno federal está nervioso y desesperado. En los Foros organizados por el Senado no han presentado argumentos sólidos sino meramente ideológicos. Los invitados proclives a la privatización no han demostrado cómo se podría “fortalecer” a Pemex mediante la privatización descarada. El gobierno ha tenido que recurrir a los propios secretarios de Estado, como Georgina Kessel y Agustín Carstens, para “defender” la descabellada propuesta de reforma energética. Ambos funcionarios lo único que hacen es repetir, sin demostrar, el discurso del FMI.

La orientación política del gobierno federal consiste en repetir mentiras hasta el hastío, directamente y mediante la costosa campaña mediática. El pueblo de México en lucha no les cree. Sin embargo, hace falta intensificar la movilización y, ante todo, potenciar formas organizativas que permitan enfrentar con éxito al Estado, gobierno y transnacionales. (b162, 3.7.08).



Campo petrolero Lakach-1 en el Golfo de México


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