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Volumen 7, Número 85, marzo 27 de 2007  

Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

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La Privatización Furtiva del Gas Natural
en México



D. Bahen, F.J. Sainz, A. Hernández

Frente de Trabajadores de la Energía

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RESUMEN : Hace 10 años se inició en México un proceso de privatización furtiva de la industria petrolera, especialmente en materia de gas natural. Mediante reformas inconstitucionales a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se fragmentó al proceso de trabajo. Absurdamente, los legisladores acordaron que el metano (gas natural) no es un hidrocarburo y que la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural no son parte de la industria petrolera. En consecuencia, la Comisión Reguladora de Energía, mediante 185 permisos privados ilegales ha decidido la privatización en marcha. También, inconstitucionalmente, se han otorgado contratos para la exploración y explotación del gas natural seco, mismo que tampoco se considera hidrocarburo ni parte de la industria petrolera. La legalidad constitucional está, evidentemente, rota. Lo peor es que los planes desfragmentadores del proceso de trabajo petrolero continúan mediante acciones unilaterales del gobierno en turno. Exigimos el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia de hidrocarburos, la integración de la industria petrolera, la cancelación de todos los contratos y permisos privados ilegales y la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, nos oponemos a las nuevas reformas legislativas que se plantean en 2007 para ampliar la privatización a la exploración y explotación de petróleo en aguas someras y profundas.


CONTENIDO:
1 INTRODUCCION
2 LEGISLACION PETROLERA INCONSTITUCIONAL
3 FRAGMENTACION DEL PROCESO DE TRABAJO
4 PERMISOS PRIVADOS DE GAS NATURAL
5 CONTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES
6 CONCLUSIONES
7 REFERENCIAS




1 INTRODUCCION

La expropiación petrolera de 1938 fue un trascendente hecho político que ocurrió en un contexto internacional favorable y condiciones internas potenciadas por una amplia movilización de las masas mexicanas. En este marco, los trabajadores ocuparon un destacado lugar, primero, por el auge huelguístico de la época y, segundo, por la decisión de los petroleros para organizar un sindicato nacional de industria, en 1935, que pronto estalló una huelga, en 1937, que culminó con el decreto expropiatorio.

La medida antiimperialista implicó hacer frente a las amenazas de las compañías extranjeras. El pueblo de México, en memorables jornadas, se manifestó solidario con la expropiación en múltiples formas y, los trabajadores petroleros, junto con universitarios y politécnicos se dedicaron a construir la industria de vanguardia en su época, haciéndola funcionar en adversas circunstancias.

La administración obrera implico serias dificultades para el sindicato petrolero. Esa experiencia, ejecutada por el gobierno de Cárdenas, significó una severa contradicción para el sindicato al tener que desempeñar un doble papel contrapuesto. El STPRM era patrón frente a los trabajadores, representando los intereses de la empresa y del gobierno y, al mismo tiempo, era representante de los trabajadores ante el Estado. La experiencia fue desafortunada.

Petróleos Mexicanos (Pemex) se fundó para cumplir lo dispuesto por el artículo 27 constitucional en materia de hidrocarburos. Más tarde, se creo al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Sin embargo, Pemex se desnaturalizó muy pronto y, desde hace 30 años, se orientó por un camino antinacional.

Con la expropiación se dio un gran paso con relación a la propiedad de los medios básicos de producción; la industria petrolera mexicana pasó a ser de propiedad colectiva social. Eso fue de alto significado pero insuficiente.

Es nuestra tesis que la Nacionalización energética, para ser, tal supone tres banderas.

1- El derecho de propiedad colectiva social. Bajo este concepto, la propiedad de la industria petrolera es de la nación, no del Estado, ni del gobierno en turno y menos de las burocracias administrativa o sindical.

2- Una política energética independiente. Esto implica una política basada en la organización de los procesos de trabajo para orientar la industria petrolera a la satisfacción de las necesidades del pueblo de México y al desarrollo social democrático.

3- La integración del proceso de trabajo. Esto significa reorganizar a la industria mediante su integración, vertical y horizontal, con la intervención organizada y activa de los investigadores, técnicos, ingenieros y trabajadores del sector.

La expropiación de 1938 significó el dominio de la nación sobre los hidrocarburos. Sin embargo, la política petrolera seguida se basó en la creciente extracción de petróleo crudo y su consecuente exportación. Ambas plataformas se han venido incrementando desde hace décadas habiendo llegado a niveles innecesarios y contraproducentes. Hoy, Pemex prácticamente ha abandonado los procesos de transformación industrial dedicándose a la extracción de las reservas disponibles sin una reposición apreciable. Peor aún, cada vez es mayor la pérdida deliberada de funciones constitucionales estratégicas, mismas que se han cedido a diversas corporaciones transnacionales mediante una legislación secundaria inconstitucional. El proceso de privatización petrolera en marcha significa la fragmentación del proceso de trabajo.

Pemex incumple sus facultades constitucionales, está en manos de burocracias políticas, administrativas y sindicales, convertidas en enemigos de la nación. Multitud de permisos privados e ilegales contratos en materia de hidrocarburos configuran un acelerado proceso de destrucción. La industria más entable de México está siendo quebrada, endeudada a límites excesivos, saqueada en sus recursos y corrompida en múltiples aspectos.

En 2007, el gobierno federal pretende ahondar la privatización promoviendo nuevas reformas a la legislación secundaria para favorecer las alianzas con las corporaciones imperialistas, mismas que no solamente intervendrían con relación al gas sino también al petróleo crudo en las aguas profundas del Golfo de México.

Los trabajadores de la energía estamos en total desacuerdo con esa política oficial. Planteamos alternativas diferentes. Sin embargo, el problema no es solamente técnico sino, esencialmente, político. Dado el avance de la privatización petrolera furtiva, está planteada una nueva Re-nacionalización petrolera. Como en los años 30s, serán los trabajadores y pueblo de México en lucha los únicos capaces de rescatar al patrimonio nacional.

La actual expropiación petrolera extranjera tiene en el charrismo sindical a un bastión estratégico de apoyo. La lucha de los petroleros implica, por tanto, desafiar a las cúpulas mafiosas que los mantienen literalmente secuestrados. Rescatar al sindicato petrolero es tan importante como defender a la industria petrolera, y viceversa.

En lo inmediato es preciso reorganizar a todas las fuerzas sociales dispuestas a luchar organizadamente para impedir las nuevas reformas a la legislación secundaria, revocar todos los permisos privados inconstitucionales, anular los contratos ilegales, restableciendo la legalidad constitucional rota por el gobierno federal y corporaciones imperialistas.


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