Organizaciones sociales, civiles e indígenas de Chiapas y Tabasco responsabilizan a los gobiernos de México y Honduras, de la integridad física y sicológica de Gustavo Castro, retenido en Tegucigalpa, y exigen su regreso. Otro tanto pide la Unión Europea. En México existen 350 prisioneros o con órdenes de aprehensión para opositores contra las privatizaciones y el despojo de recursos naturales. La fabricación de delitos contra opositores es costumbre de las transnacionales y gobiernos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Melel Xojobal, Voces Mesoamericanas, la Coalición Ciudadana de Palenque, la Red Junco de la Selva Norte de Chiapas y Pantanos de Tabasco y el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, entre otras agrupaciones, "manifestaron su preocupación por la seguridad de Gustavo Castro, “a quien no le han permitido salir de Honduras, alegando que es un testigo importante en el asesinato de Berta Cáceres, pero, como bien dice él, no tiene delito, ya declaró y las demás diligencias las puede hacer aquí en México (Henríquez E., en La Jornada, 13 marzo 2016, p.5).

En carta enviada a los presidentes de México y Honduras, demandan que se agilice el retorno de Gustavo, al tiempo, que exigen justicia por el asesinato de Berta Cáceres.

Un portavoz de Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, calificó de esencial una investigación "para que todos los responsables del asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres sean llevados ante la justicia (Dpa, en La Jornada, 13 marzo 2016, p.17).

Se recordó que ya han pasado 10 días desde el asesinato y que "la familia de Berta Cáceres, el pueblo hondureño y los defensores de derechos humanos en todo el mundo merecen ver que la impunidad no prevalecerá".

También dijo "que se debe garantizar plena protección al mexicano Gustavo Castro Soto, defensor de los derechos humanos y testigo del asesinato. De igual forma, enfatizó, se le debe permitir salir del país lo antes posible".

"El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), que agrupa a diversos pueblos y comunidades indígenas tzotziles, tzeltales y choles de 12 municipios de Chiapas, demandó a los presidentes de México y Honduras, Enrique Peña Nieto y Juan Orlando Hernández, respectivamente, que apresuren las diligencias que permitan el regreso a casa del ambientalista Gustavo Castro Soto, director de la asociación civil Otros Mundos. El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, se sumó a la exigencia de que se agilice el regreso de Castro Soto, pues lo fundamental es su protección" (Henríquez E., en La Jornada, 14 marzo 2015, p.15).

Las diversas organizaciones señalaron que es responsabilidad de los gobiernos mexicano y hondureño garantizar la integridad física y sicológica de Gustavo.

También expresaron que denunciaban "las acciones del gobierno hondureño, que genera sospechas y criminaliza su participación en la defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades de Honduras".

"Por acompañar a movimientos sociales en lucha contra la privatización y despojo de los recursos naturales, los defensores civiles de derechos humanos enfrentan una estrategia de fabricación de delitos de prisión oficiosa, tales como secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio y robo con violencia, en una creciente criminalización de su actividad (Román J. A., en La Jornada, 14 marzo 2016, p.16)

"En un modelo que se generaliza y reproduce en el país, los grandes consorcios empresariales que están detrás de los megaproyectos de desarrollo, así como autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en colusión con instancias de procuración de justicia y hasta con el crimen organizado, han optado por este camino para debilitar la resistencia de estos movimientos, principalmente de campesinos e indígenas, pero que también se da en zonas urbanas".

La situación que se vive en México es de horror, como dijo el Papa Francisco. Se estima que "cuando menos 350 personas defensoras están presas o tienen giradas órdenes de aprehensión por estos delitos, considerados graves y que les impiden obtener la libertad bajo fianza".

A la cifra anterior se suman 25 homicidios en los últimos 5 años, tres desapariciones forzadas desde 2009 y casi 400 denuncias en los últimos 10 años.

"Para Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema); Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), y José Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esta fabricación de delitos en contra de los defensores civiles que acompañan a los movimiento de lucha por el agua, territorio, bosque y recursos naturales se generaliza en el país, en medio de las miles de denuncias de hostigamiento, acoso y amenazas.

"Explican que la finalidad de esta estrategia global, que se da también en países de América Latina, es debilitar a quienes se oponen a estos megaproyectos, ya sea porque los acusados se ven obligados a huir o actuar en la clandestinidad, o los movimientos sociales se ven precisados a distraer recursos y fuerzas en la disputa legal por liberar a sus líderes o asesores. Pero esta acción también está encaminada a provocar temor entre otros grupos y personas que quieren participar".

Los estados de mayor riesgo para los defensores civiles son Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, estado de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, Sonora y Coahuila.

"Se observa una clara tendencia de recurrir al sistema judicial para obstaculizar el trabajo de las defensoras civiles y estigmatizarlas con procesos penales sin evidencia sólida, manteniéndolos incluso en prisión, indica el informe 2015, coeditado por la Unión Europea".

Los principales casos se relacionan con los opositores a la minería privada y transnacional, defensa de los ríos y contra proyectos eólicos, todos a cargo de corporaciones apoyadas por los gobiernos federal y locales. Los afectados son poblaciones enteras que son despojadas de sus tierras, con depredación de los recursos naturales y medio ambiente, así como, serias afectaciones a la salud y a la vida, incluyendo el éxodo y exilio forzado de los pueblos implicados.


Ref.: 2016, elektron 16 (74) 1-2, 14 marzo 2016, FTE de México.

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