Volumen 16, Número 332, marzo 20 de 2016
 


Asesinato en Honduras



Berta Cáceres, dirigente ambientalista indígena de Honduras fue asesinada a tiros en la comunidad La Esperanza, departamento de Intibucá. Protestas, condenas y muestras de apoyo de Estados Unidos, Europa, organismos humanitarios y partidos de Nicaragua, Venezuela, de la Organización de Estados Americanos y de Amnistía Internacional. En el ataque fue herido el mexicano Gustavo Castro, de Otros Mundos / Chiapas, testigo del crimen quien está retenido por órdenes de un juzgado hondureño. Familiares y organizaciones solidarias acusan del crimen a Desa, constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, con la complicidad del ejército y policía de Honduras.
Berta Cáceres


Repudiable crimen

La maestra Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo en su propia casa. "La policía dijo que Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que agrupa a las tribus lencas y ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente, fue asesinada en un caso de robo, pero todos sabemos que fue por su lucha, relató a TV Globo su madre, Berta Flores (Afp, Dpa, en La Jornada, 4 marzo 2016, p.22).

La dirigente hondureña ya había recibido amenazas de muerte por parte de los terratenientes y compañías mineras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares.

En el ataque fue herido el mexicano Gustavo Castro Soto, integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas / Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Protestas en AL, EU y Europa

Las protestas se sucedieron de inmediato, en Nicaragua, Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional (AI). También de organizaciones ambientalistas en Europa, el programa de la ONU para el medio ambiente y personalidades como Leonardo DiCaprio y Noemí Klein.

El funeral de Cáceres fue convertido en una multitudinaria protesta social (Afp, en La Jornada, 5 marzo 2016, p.17).

Cáceres, de 43 años, fue fundadora del Copinh. En meses recientes encabezó la lucha por la defensa del río Gualcarque, en el noroccidental departamento de Santa Bárbara, donde una compañía se propone construir una represa hidroeléctrica, la cual dejaría sin agua a cientos de indígenas de la etnia lenca, a la que pertenecía la ambientalista.

Acusación a las transnacionales

Berta Isabel Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, responsabilizó del homicidio a Desa, constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, que en reiteradas oportunidades la amenazó, la cual había pagado a sicarios en varias oportunidades para asesinarla. También acusó al gobierno de Honduras, ya que en 2010 dieron una cantidad exorbitante de concesiones hidroeléctricas y para la explotación minera que afectan a todas las comunidades (Muñoz G., en La Jornada, 5 marzo 2016, p.17).

También culpó a la policía y el ejército de Honduras, que han sido cómplices en el asesinato, defendiendo la propiedad privada y los intereses de esa empresa. Y, de manera categórica, culpa a los que financian esos proyectos de muerte, como los bancos Holandés, Finlandés y Centroamericano de Integración Económica.

Con anterioridad Cáceres había logrado que la constructora china Sinohydro y la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial, abandonaran el proyecto debido a la oposición comunitaria del pueblo lenca.

Gustavo retenido por la policía hondureña

El mexicano Gustavo Castro Soto estaba en la vivienda de Cáceres en ese momento. Una bala le rozó la mejilla y la mano izquierda, lo cual lo hizo caer al piso, donde fingió estar muerto para que los atacantes no lo remataran, comentó Julián Pacheco, ministro de seguridad hondureño (Ap, en La Jornada, 6 marzo 2016, p.19).

Castro llegó días antes a la ciudad para ofrecer conferencias a los indígenas de La Esperanza. Las autoridades lo consideran testigo protegido clave para resolver el caso.

Un juzgado hondureño prohibió a Gustavo salir del país, del aeropuerto internacional de Tegucigalpa fue obligado a regresar. De nada sirvió que la embajada mexicana lo acompañara.

El Juzgado Primero de Letras del occidental departamento de Intibucá emitió "una medida de permanencia en el país" para Castro con el fin de que pueda "brindar declaración ante las autoridades competentes" de Honduras, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en un comunicado (Efe, en el Universal, 6 marzo 2016).

Otros Mundos / Chiapas manifestó en un comunicado su preocupación por la "vida e integridad" de Castro, y denunció que la seguridad del activista sigue en "riesgo" en Honduras.

"Recordamos que Gustavo Castro es víctima, y exigimos un trato que resguarde su integridad física y psicológica, y no como un presunto más", exigió Otros Mundos.

Transnacionales = crimen e impunidad

El FTE de México eleva enérgicamente su voz contra el crimen de Berta Cáceres y exige a los gobiernos de México y Honduras salvaguardar la integridad física del compañero Gustavo Castro.

Una vez más se confirma lo que hemos señalado tiempo ha, las privatizaciones significan crimen a alta escala e impunidad. Los responsables son las corporaciones y gobiernos cómplices. En Honduras y en México son ya varios los crímenes. En Chiapas recordamos a Mariano Abarca, de Chicomuselo, opositor a la minería transnacional.

Gustavo es sociólogo y un luchador social de amplia trayectoria. Su vida está en peligro. Peña Nieto y Juan Orlando Hernández, gobernantes al servicio del imperio tienen responsabilidad directa. ¡Regresen a Gustavo, ya!


Ref.: 2016, elektron 16 (66) 1-2, 6 marzo 2016, FTE de México.






Esta página es construida por trabajadores del sector energía. La información contenida puede citarse total o parcialmente, mencionando la fuente.