RESUMEN: La nacionalización eléctrica fue una propuesta de los electricistas que representa un histórico triunfo para la nación. El sector más conciente de los trabajadores sacó dos conclusiones acertadas: unidad sindical e integración industrial, mismas que se llevaron a la práctica. La nacionalización se interrumpió, incluso, se ha revertido hacia un proceso desnacionalizador. Las banderas de los electricistas democráticos, sin embargo, siguen vigentes.

A diferencia de la expropiación petrolera, cuando las masas mexicanas irrumpieron en las calles en apoyo solidario, en el caso de la nacionalización eléctrica no hubo manifestaciones populares. Eso no quiere decir que la medida careciera de apoyo popular. De hecho, la experiencia negativa derivada del mal servicio que proporcionaban las empresas eléctricas extranjeras, hacía que hubiera un clamor entre la población para que la situación cambiara.

La demanda de la nacionalización estaba presente, también, entre varios sectores progresistas. Pero fueron los electricistas, especialmente en el interior del país, los que impulsaron la nacionalización. Cuando ésta se anunció los electricistas fueron los primeros en saludar el acontecimiento y apoyarlo. En contraste, sectores de la izquierda y la derecha criticaron la decisión con débiles pero malévolos argumentos.

Desde el primer momento, se manifestó una gran incomprensión sobre la nacionalización eléctrica. En algunos sectores, incluso obreros, la situación continuó y se prolongó hasta el presente.

Pero fue, precisamente, el sector electricista más avanzado el que comprendió cabalmente su significado y alcances de la nacionalización sacando las conclusiones acertadas ante la misma. Las conclusiones no fueron declarativas sino prácticas y oportunas. Esas conclusiones, la unidad sindical y la integración industrial, permitieron que la nacionalización se hiciera realidad. Mucho se avanzó en la reorganización del trabajo eléctrico, especialmente, con la unificación de frecuencia y la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional. En materia sindical también se avanzó si bien no totalmente.

Después, sin la presencia de los electricistas democráticos, mismos que fuimos reprimidos política y militarmente por el Estado, la situación tomó un giro radical. La nacionalización no solamente se interrumpió sino se revirtió pervirtiéndola. A partir de las reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se inició un proceso de privatización eléctrica furtiva. Más de 300 transnacionales, filiales, prestanombres y socios, tienen en propiedad privada más del 50% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional.

Hoy, en el 50 aniversario de la nacionalización eléctrica, los trabajadores y la nación nos encontramos ante un serio proceso de desnacionalización energética, incluidos todos los energéticos primarios, sean renovables o no renovables, así como la energía eléctrica.

Grandes retos y desafíos enfrentamos como nación. En materia eléctrica, el FTE de México propone levantar la bandera de la re-nacionalización en un “comenzar de nuevo” de la insurgencia obrera. Esta propuesta, en las nuevas condiciones, tiene como base las grandes discusiones de los electricistas nacionalizadores.

En este 50 aniversario, consideramos conveniente hacer un examen de los momentos inmediatamente anteriores, y posteriores, a la nacionalización. Esto lo estimamos pertinente para hacer una reflexión de conjunto y, así como en su momento se sacaron conclusiones acertadas, aprendamos de la experiencia y proyectemos acciones tácticas y estratégicas correctas, en el contexto de las actuales condiciones de la lucha de clases.

El FTE de México reconoce y valora ampliamente las aportaciones de los electricistas nacionalizadores. Esa lucha debe estudiarse pues la incomprensión sigue en medio de una severa ofensiva del capital.

¡Discutamos entre todos las implicaciones de la nacionalización eléctrica y tomemos acciones consecuentes! He allí una de las grandes tareas políticas del momento.

La formación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) significó un decisivo paso para la insurgencia obrera

Los electricistas de provincias se unifican. Es 1952. Setenta sindicatos se integran en la Federación Nacional de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, la FNTICE, resultado de la fusión de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica y la Federación Mexicana de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas. La insurgencia obrera mexicana reiniciaba la marcha.

Se llama insurgencia al movimiento de los trabajadores que se propone recuperar y reorganizar democráticamente al movimiento obrero de México. Después de la gran movilización obrera y popular de los años 1930’s, en el medio sindical se había impuesto el charrismo sindical. La desnaturalización del movimiento sindical se remonta a 1912, con la Casa del Obrero Mundial, siguió a partir de 1918-29 con la sujeción del sindicalismo al Estado y se oficializó con la corporativización al Estado posterior a los 30’s.

Los electricistas reanudaron la lucha enarbolando la bandera de la democracia sindical, que se extendía en otros sectores obreros. En 1952, la FNTICE y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se unieron a través de la Confederación Nacional de Electricistas (CNE) de la República Mexicana.

“Luchamos por la nacionalización de la industria eléctrica” fue la manta principal en la marcha del 1º de mayo de 1952. Ese día quedó constancia pública de una relevante iniciativa. La nacionalización fue propuesta de los electricistas.

En 1955, la CNE se transformó en Confederación Mexicana de Electricistas (CME). El 1º de mayo de ese año, la CME hizo público un importante manifiesto proclamando el ideario del gremio electricista unificado.

Años después, en la misma década, la Revolución Cubana conmovió al mundo. El 1º de enero de 1959, las columnas guerrilleras de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Che Guevara entraron triunfantes en La Habana. Desde Latinoamérica una nueva situación se anunciaba con amplias repercusiones políticas.

La insurgencia obrera avanzaba en los sectores industriales. Demetrio Vallejo, encabezando a grandes contingentes de ferrocarrileros había ganado las elecciones sindicales nacionales, en una lucha que contó con el apoyo de los electricistas.

En 1958 los ferrocarrileros estallaron la huelga nacional y triunfaron. Al siguiente año, volvieron a intentarlo y fracasaron. El impulso de corrientes internas radicalizadas llevó al enfrentamiento con el Estado en condiciones desiguales. Vinieron, entonces, días aciagos.

Una severa represión política y militar llevó al encarcelamiento de la dirigencia y de miles de trabajadores. La huelga llevó a posiciones encontradas entre el sindicalismo, desde quienes negaron la solidaridad a los ferrocarrileros hasta quienes los apoyaron pero con serias críticas a la conducción política, especialmente, a Valentín Campa.

Pasaban los meses y no había solución equitativa y duradera al conflicto. Esas huelgas conmovieron a la nación pero la insurgencia obrera había sufrido una derrota. El fracaso de los ferroviarios puso en crisis a todo el movimiento de insurgencia obrera.

“La crisis del movimiento sindical deriva de su falta de programa, se debe a la ausencia de una concepción clara sobre los intereses generales y duraderos que corresponde a los trabajadores defender y afirmar: comprender la naturaleza de sus derechos y saber conjugarlos con aquellos que son inherentes al bienestar de todos los mexicanos es cuestión inaplazable. La ignorancia como la confusión son los mayores estorbos” (Ramírez 1959).

Los electricistas volvieron a sacar conclusiones correctas planteando la necesidad de un programa de lucha que sea la guía para orientar correctamente las acciones.

A esos momentos, la izquierda mexicana ya era políticamente inexiste. En varios sectores se ponía a debate la Revolución Mexicana. Se criticaba al agrarismo como recurso político, se hablaba de conspiración contra el ejido, y la industrialización se ponía en cuestión debido a la intervención creciente del capital extranjero. Al mismo tiempo, se planteaban perspectivas hacia una integración de la economía nacional llamando a la unidad y a la conciencia.

En el medio sindical se desarrollaba una fuerte crítica al charrismo sindical, fenómeno que se afianzaba cada vez más y se decía que, no obstante tantos vicios, la clase obrera estaba despertando de su letargo.

En el sindicato petrolero, Pedro Vivanco comandaba al charrismo en el sector mientras los petroleros luchaban, con altas y bajas, por reconquistar a su sindicato. Los telefonistas habían sido metidos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), representada por Fidel Velázquez, mediante un arreglo con Ayala Ramírez a cambio de una diputación. Pronto, este charro cayó. Con el argumento de que los comunistas tratan de apoderarse del Sindicato de Trabajadores del Radio, la CTM impuso a Rafael Camacho quien había sido destituido por un movimiento depurador.

En Gómez Palacio, Durango, los dirigentes locales del Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM), capitaneado por Francisco Pérez Ríos, fueron acusados de malversar fondos sindicales y vender puestos de trabajo. Eso, sin embargo no preocupaba a Paco: era diputado, “el presidente es mi amigo y me apoya”, decía. Pero los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya pensaban en un movimiento depurador tomando ejemplo de los telefonistas.

A través de la revista Solidaridad, los electricistas de la FNTICE tenían un “Mirador obrero internacional” y seguían los acontecimientos en otras partes del mundo.

La situación de los ferrocarrileros seguía agravándose. Se decía que “los hechos de abril estaban en espera de un examen objetivo y completo”. Al mismo tiempo se llamaba a la solidaridad. “Si es cierto que es indispensable analizar los hechos y consecuencias producidos en torno del conflicto ferroviario porque se impone hacer un análisis de responsabilidades, y más importante que esto es encontrar los elementos que permitan forjar un claro programa para la insurgencia obrera, también es indiscutible que los ferroviarios se encuentran en condiciones extraordinariamente difíciles y en situación que reclama la ayuda que no se puede negar sin faltar a los deberes que la solidaridad obrera impone” (Solidaridad 1959a).

Los electricistas de la FNTICE habían ayudado a los ferrocarrileros a democratizar su sindicato. Con motivo de la huelga de 1959, hubo diferencias tácticas que siendo correctas no fueron suficientemente discutidas. No obstante, la FNTICE jamás negó la solidaridad, hecho que sí ocurrió en oros sectores.

“Si urgente es poner en claro la actuación de una dirección sindical que, conforme a nuestro punto de vista, incurrió en tremendas aberraciones tácticas, singular urgencia tiene también tender la mano a los ferroviarios que, dígase lo que se quiera, son dignos de un mejor destino y merecedores, como los más del honor y del reconocimiento, y desde luego de la ayuda resuelta de la clase obrera mexicana”.

Desde diversos sectores tanto patronales como obreros nuevamente se hablaba de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Los electricistas reconocían que la legislación necesitaba cambios pero las propuestas del gobierno estaban encaminadas a suprimir derechos y fortalecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El 27 de junio, en Ciudad Camargo, se realizó la IV Convención General Ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Chihuahua. En Veracruz, Tampico, Monterrey, Aguascalientes, Durango, Mazatlán, Zacatecas, San Luis Potosí, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, se hacían festejos por los aniversarios de los Sindicatos de Trabajadores de la Industria Eléctrica en esos lugares.

En varios lugares había conflictos con las empresas debido a violaciones contractuales. Tales eran los casos de las organizaciones federadas en el centro del país con la Compañía Eléctrica Mexicana del Centro, S.A.; lo sindicatos de Puebla, Veracruz y Orizaba con la Compañía Eléctrica Mexicana del Sureste, S.A.; el Sindicato de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas de Occidente con la Nueva Compañía Eléctrica Chapala, S.A.; los Sindicatos de trabajadores de la Industria Eléctrica en Hidalgo con la Compañía de Transmisión Eléctrica de Potencia del Estado de Hidalgo; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica en Oaxaca con la Compañía Eléctrica de Oaxaca, S.A.; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica en Acapulco con la Compañía Eléctrica de Guerrero, S.A.; y, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Durango con la Compañía Eléctrica Nacional, S.A.

Al mismo tiempo, en las organizaciones federadas se estudiaban las reformas a los estatutos sindicales, tendientes a uniformar los aspectos organizativos, incorporando la revocación de mandato a los representantes sindicales.

En el H. SME se realizaron elecciones sindicales. Luis Aguilar Palomino fue electo secretario general.

La crítica de los electricistas a la CTM era implacable. En Solidaridad se escribió: “La gloriosa CTM viene a ser el puntal que sostiene al andamiaje obrero patronal de las empresas técnica, comercial y socialmente más atrasadas en todo el país. Constituye un gigantesco lastre para el progreso de México. Permite el nivel de vida infrahumana para millones de compatriotas. Limita la capacidad de consumo de otros muchos y con ello reduce el mercado para los productos de la industria nacional” (Franco 1959a).

De manera específica se cuestionaba acremente a Fidel Velázquez, secretario general de la CTM y, en ese momento, vicepresidente de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), hoy Confederación Sindical Internacional (CIS), cuyo brazo latinoamericano era la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), hoy Confederación Sindical de las Américas (CSA), responsables de la destrucción del movimiento sindical mexicano. La CIOSL promovía una política abiertamente anticomunista, siguiendo la tradición de la American Federation Labor (AFL), después AFLO-CIO. Detrás de la CIOSL estaba la Central de Inteligencia Americana (CIA), que desde las oficinas que tenía en la propia CTM, infiltró a los sindicatos, los desvió y pervirtió, hasta la fecha.

“Ya es tiempo de que pongamos un hasta aquí ... la CTM almacena toda la inercia retrógrada del movimiento sindical”, se resumía.

La insurgencia obrera avanzaba en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Panificadora, en el Sindicato Petrolero, en el Sindicato del Radio, en el Sindicato de Electricistas Federales y el Sindicato de Músicos. En todos los casos se manifestaba el descontento contra los charros sindicales.

Los electricistas de la FNTICE insistían en la necesidad “de que cuente la insurgencia obrera con un programa porque, sin duda, ello equivale a definir los objetivos de la clase elevándolos a la categoría de postulados concientes de los trabajadores. No basta con que los trabajadores se levanten contra la corrupción y el sindicalismo podrido, es menester que vean en esa lucha, así como en la democracia sindical, solamente medios tendientes a más elevadas finalidades” (Solidaridad 1959b)”.

Se decía que, en muchos sentidos, la insurgencia obrera era un movimiento espontáneo de los trabajadores, “lo impulsan o simplemente lo agitan sectores y tendencias diversas y hasta contradictorias”. Se explicaba que “los sectores de la izquierda no acaban de entender la situación que vive el país, ya que es evidente que no encuentran rutas ni objetivos concretos”.

Se hablaba de una aguda crisis de dirección. “El movimiento de la insurgencia obrera no puede continuar como un movimiento espontáneo, ya que los fracasos o las desviaciones pueden retrasar el indispensable cambio de cosas en el movimiento sindical. Resulta necesario, por ello, en la necesidad de dotar a la insurgencia obrera de un programa y una dirección consecuente, ya que en este aspecto se advierten las principales deficiencias”.

En noviembre de 1959, el SME se dirigió a todas las organizaciones obreras del país proponiendo un plan de acción que incluía, entre otros aspectos, los siguientes:

1- Firma de pactos de solidaridad entre sindicatos y agrupaciones de sindicatos –federaciones y confederaciones- para luchar por: a) El respeto absoluto del derecho de asociación y del derecho de huelga, b) Por la libertad de las organizaciones obreras a elegir a sus dirigentes, c) Por el respeto y mejoramiento de los contratos colectivos de trabajo, d) por un aumento general de salarios ...,

2- Por la creación permanente de comités de solidaridad y ayuda mutua ...,

4- por el sistema de voto secreto y directo para elegir a los dirigentes,

5- Por un intercambio permanente y recíproco ... sobre experiencias y diferentes tácticas.

7- En los problemas de carácter intergremial de cualquier organización, el SME se abstendrá de intervenir.

Por su parte, la FNTICE planteó un programa para la insurgencia obrera. El plan mínimo de acción incluía:

1- Lucha y denuncia pública contra los charros sindicales,

2- apoyo efectivo e incondicional a los movimientos de huelga legales,

3-Por la creación de organismos sindicales de técnicos de todas las especialidades necesarias para la investigación permanente de las posibilidades de desarrollo de cada fábrica, planta o centro de trabajo,

4- Creación de comités sindicales de distrito y de barrio para la lucha contra la vida cara, y otras reivindicaciones sobre educación, salud, servicios municipales, transporte y vivienda, así como

10- apoyo efectivo y creación de comités para organizar a los trabajadores no sindicalizados.

Este fue un claro esbozo de un programa para la insurgencia obrera en el que insistía la FNTICE en una sistemática discusión y explicación. “Para actuar constructivamente, la clase asalariada tiene antes que todo estructurarse a sí misma. Si ha de actuar de por sí, ... primero tiene que existir socialmente hablando. ... En otros países cuentan los trabajadores con partidos políticos propios. En México NO LOS HAY ...” (Franco 1959b). Consecuentemente, es necesario defender al sindicato y la lucha contra su enemigo irreconciliable: el charrismo.

El 1º de noviembre, la FNTICE convocó a su VII Asamblea Nacional a realizarse a partir del 5 de diciembre. El temario a tratar se refirió a: 1- Revisiones contractuales, 2- Problemas de la industria eléctrica, 3- Insurgencia obrera y reestructuración del movimiento sindical.

Para el 10 de diciembre, la CME convocó también a su IV Congreso Nacional. La importancia de estos dos congresos radica en que los electricistas representaban al sector que más se caracterizaba en la lucha por la democratización sindical y la unidad combativa.

El año 1960 empezó con las amenazas de estrangulamiento económico y terror del imperialismo al pueblo de Cuba para que renunciara a su proceso revolucionario. La respuesta cubana estaba en las calles, en la reforma agraria, en las medidas económicas y en las leyes revolucionarias.

A principios de 1960, el SNE realizó un congreso nacional. Paco Pérez fue reelecto secretario general. El congreso no fue tal porque ninguno de los delegados fue electo por los trabajadores. Su importancia quedó reducida a un acto de simulación.

Muy diferentes habían sido los congresos de la FNTICE y de la CME. En el primero se hizo una amplia reflexión respecto de la insurgencia obrera y, en particular, de la industria eléctrica. Se reiteró en la importancia de realizar un Congreso Nacional de Electricidad, en el cual todos los interesados aportaran y discutieran sus puntos de vista para adoptar conjuntamente una política nacional en materia eléctrica. También se consideró que la CFE necesitaba de una profunda reorganización. En el segundo, la FNTICE presentó un examen crítico y autocrítico de la CME. Este congreso eligió un nuevo comité nacional resultando secretario general Luís Aguilar Palomino, del SME.

La principal crítica era que las ideas no se correspondían con las acciones. Uno de los aspectos fue el relacionado con los problemas esenciales de la industria eléctrica, que se seguían ignorando. La CME no tenía criterio sobre la legislación eléctrica, ni sobre las tarifas o las inversiones públicas y privadas.

Se decía que la existencia y desarrollo de la CFE representaba un problema esencial que no era estudiado. La CFE contaba a ese momento con más de la mitad de la capacidad eléctrica instalada en el país y su ritmo de desarrollo superaba a todas las empresas privadas juntas.

También se discutieron los problemas de la insurgencia obrera destacando la falta de un programa. La derrota de los ferrocarrileros llevaba a la conclusión, como necesidad apremiante, de abanderar a la insurgencia obrera con un programa.

Electricistas del SME y telefonistas plantearon la revisión a sus contratos colectivos con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. y Teléfonos de México, S.A., respectivamente. Ambas organizaciones sindicales firmaron un Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua. En ambos casos, se emplazó a huelga para el 6 de abril de 1960. Los sindicatos de la FNTICE también plantearon la revisión contractual en la mayoría de las empresas eléctricas del país. La FNTICE proponía reestructurar a todos los CCTs de acuerdo con un índice único. No obstante las pretensiones negativas de la empresa, la revisión del SME concluyó satisfactoriamente, los telefonistas se fueron a la huelga y la FNTICE hizo reconsideraciones.

El 27 de abril, “el gobierno de la República anunció la adquisición de las compañías afiliadas a la Impulsora de Empresas Eléctricas que había sido concretada el 21 anterior. Este hecho provocó las más encontradas opiniones. En tanto los trabajadores y los sectores progresistas en general saludaron la medida con júbilo, declarando que “se ha dado un paso importante en el camino de la nacionalización eléctrica, porque con la adquisición de las nuevas empresas la nación extiende su dominio sobre las tres cuartas partes de la capacidad eléctrica instalada y, porque particularmente quedan solo como empresas privadas importantes la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, S.A.; la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Monterrey, S.A.; la Industria Eléctrica Mexicana de Mexicali; y la Compañía Eléctrica de Sinaloa, S.A.”.

“Algunos sectores de la iniciativa privada atacaron la compra de las empresas porque constituía, según dijeron, un acto socializante y de negativa intervención del Estado en la economía; pero aprovecharon la oportunidad para pedir su participación en todas las empresas que constituyen el patrimonio nacional”.

La CME emitió enseguida un Manifiesto que, entre otros aspectos, señalaba:

“El gobierno de la República resolvió adquirir los bienes de las compañías que en México operaba la American & Foreign Power Co. Inc., las que tenían a cargo el suministro de energía eléctrica en 17 estados de la República. Este acto tiene alta significación por cuanto representa la continuación de una saludable política nacional, tendiente a lograr el control mexicano de las fuentes energéticas que sustentan el progreso de México”.

“La nacionalización de las empresas mencionadas, sumada a la Comisión Federal de Electricidad y a otras empresas eléctricas propiedad del Estado, pone bajo el control de la nación mexicana las tres cuartas partes de la industria eléctrica nacional; así se ha definido la política de México en materia eléctrica y no cabe sino esperar que se planifique y se integre a la brevedad posible, un sistema eléctrico que corresponda a las necesidades del país y que siente robustas bases para electrificar integralmente a la República, a fin de que todos los mexicanos podamos disfrutar de los beneficios de la electricidad y sustentar nuestro acelerado desarrollo económico, contando con suficiente energía, al costo más bajo posible”.

“En las condiciones impostergables de nuestro desenvolvimiento, la nacionalización de la industria eléctrica está justificada plenamente, porque no solo la reclama el más elevado interés nacional, sino que lo impone ineludiblemente el necesario progreso del país. Desde luego que la nacionalización de la industria eléctrica debe complementarse con el manejo técnica y económicamente adecuado, a fin de que la industria nacionalizada sea altamente eficiente, y por tanto, decisiva para el impulso progresista de México.

“Los trabajadores electricistas saludamos con entusiasmo la decisión del gobierno de la República y ofrecemos nuestra franca colaboración para fortalecer y desarrollar a la industria eléctrica nacionalizada, porque estamos seguros de que contribuimos al progreso de México” (Solidaridad 1960a).

La compra de las compañías dependientes de la antigua Impulsora de Empresas Eléctricas por parte del gobierno federal, trajo aparejada la necesidad de examinar la cuestión de las revisiones contractuales pactadas con la FNTICE.

“La cuestión de revisar los contratos colectivos de trabajo cedió el paso al problema de garantizar la titularidad de los propios contratos colectivos. Mantener las relaciones laborales ya establecida imponía, por una parte, que se cumplieran los requisitos legales de la revisión contractual ...; por otra parte, era preciso dar oportunidad al gobierno federal para conocer a fondo las relaciones laborales en las empresas adquiridas, o sea, que había que aplazar el estudio a fondo de los contratos” (Solidaridad 1960b).

La FNTICE realizó una Tercera Asamblea Nacional Extraordinaria comprendiendo que, en efecto, era preciso modificar los lineamientos adoptándolos ajustándolos a las nuevas condiciones. También era evidente “la necesidad de proceder a la restructuración de la industria eléctrica”.

Para ello, la FNTICE hizo una caracterización precisa de la situación.

“La participación de la iniciativa privada en la propia industria suscita problemas derivados especialmente de la contradicción que existe entre el carácter multiplicador de la actividad económica de la electricidad y los propósitos de lucro de la iniciativa privada. Interesa al progreso de la nación, en efecto, que se satisfaga oportuna y eficientemente la creciente demanda de servicios eléctricos (Solidaridad 1960c).

“En los hechos se ha constatado hasta la saciedad, que las empresas privadas no han sido capaces de corresponder a los incrementos de la demanda, y no solo eso, sino que a la deficiencia de la oferta hay que agregar que el régimen de concesiones otorga exclusividades que excluyen toda competencia en las zonas concesionadas, inclusive la intervención del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, lo que se traduce en serios estorbos para el desarrollo económico y social.

“La operación de las empresas privadas en la industria eléctrica tiene un alto sentido negativo, especialmente cuando se trata de empresas extranjeras que no participan en los propósitos de progreso nacional, sino al contrario. El uso y abuso de los equipos e instalaciones, el encarecimiento constante de los servicios, la escasez crónica de servicios eléctricos en las zonas concesionadas a las empresas privadas, las limitaciones de la inversión a pesar del otorgamiento de facilidades y garantías injustificadas, etc., demuestran lo indeseable de la intervención privada en la industria eléctrica en la forma conocida.

“Los decisivos pasos que ha dado el país para nacionalizar la industria eléctrica, por lo demás, están resolviendo en la práctica cuestiones que todavía son objeto de discusión entre aquellos sectores que se aferran a las viejas y caducas ideas de liberalismo económico, o que se prestan para especulaciones demagógicas, propias para encubrir prácticas de chantaje político”.

“La nacionalización de la industria eléctrica, como en su hora la nacionalización de la industria petrolera, constituyen cuestiones que comprometen a todos los mexicanos. Necesitamos estudiar y resolver los problemas que plantea la reestructuración de la industria eléctrica.

“En las condiciones actuales, procede planear en términos integrales y a partir de la virtual nacionalización de la industria, la estructuración que permita el máximo aprovechamiento de nuestros recursos conforme a principios técnicos y económicos inobjetables. La industria eléctrica nacional no solamente debe responder a los incrementos de la demanda en las zonas electrificadas, sino que debe ampliar su radio de acción a todo el país, a fin de que los mexicanos podamos disfrutar de sus beneficios y aprovechar la electricidad para elevar nuestros niveles generales de vida.

“La restructuración de la industria eléctrica impone hacer una revisión profunda de la legislación relativa, ya que no se trata de regular intereses privados sino de sentar las bases que garanticen el desarrollo y salud de la industria eléctrica. Una nueva ley de la industria eléctrica debe contemplar con claridad y precisión el carácter de la propia industria y ajustar su desarrollo de acuerdo con las necesidades de progreso nacional.

“La integración de un sistema eléctrico nacional plantea cuestiones económicas, sociales y técnicas que deben abordarse y resolverse con un criterio minuciosamente nacional.

“Uno de los problemas esenciales que debe encontrar adecuada solución para integrar un sistema nacional de electrificación, es el problema obrero”.

A ese momento, existían tres sindicatos, a saber: el Sindicato Mexicano de Electricistas, integrado por trabajadores al servicio de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. y Subsidiarias; el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la R.M. que agrupaba a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad; y la FNTICE que representaba a los trabajadores electricistas de la mayoría de los sistemas eléctricos del interior de la República, independientes de la CMLFM y de la CFE. Numéricamente, las tres organizaciones eran aproximadamente equivalentes.

“El primer paso para la solución del problema obrero sería, por consiguiente, lograr la equiparación de todos los contratos colectivos de trabajo con la finalidad de estructurar un contrato único para la industria eléctrica”.

El problema propiamente sindical se enfocaría, en lo inmediato, mediante la formación de una central de trabajadores de la industria eléctrica, en la perspectiva de formar una sola organización de los electricistas del país.

Esas conclusiones de la III Asamblea Nacional de la FNTICE tendrían amplias repercusiones que llevaron a los electricistas de provincia a proceder en consecuencia.

El 1º de septiembre de 1960, con motivo del informe presidencial, Adolfo López Mateos anunció a la nación la decisión del gobierno, que había comprado las acciones de las empresas extranjeras, de dar el trascendental paso de nacionalizar a la industria eléctrica.

El 27 de septiembre, el Congreso de la Unión aprobó una adición al contendido del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en materia eléctrica (Decreto 1960):


“CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA NACION GENERAR, CONDUCIR, TRANSFORMAR, DISTRIBUIR Y ABASTECER ENERGIA ELECTRICA QUE TENGA POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO. EN ESTA MATERIA NO SE OTORGARAN CONCESIONES A LOS PARTICULARES Y LA NACION APROVECHARA LOS BIENES Y RECURSOS NATURALES QUE SE REQUIERAN PARA DICHOS FINES”.


Este párrafo representó el rescate para la nación de su patrimonio eléctrico. El dominio de la nación de funciones constitucionales que posteriormente fueron definidas como estratégicas, e implican al conjunto de actividades que constituyen al proceso de trabajo eléctrico.

En principio, se reacató la propiedad que de ser privada pasó a ser estatal. Esta primera medida es fundamental, si bien faltaba complementarse con una adecuada política eléctrica y la integración del proceso de trabajo.

El mismo 27 de septiembre de 1960, la FNTICE abordó la nacionalización eléctrica y algunos de sus problemas, dando respuesta a las críticas y afirmando la propuesta de los electricistas.

“La nacionalización de la industria eléctrica es un hecho trascendental en la vida de México. Su gran importancia, sin embargo, no ha sido suficientemente advertida o bien su verdadero significado se ha pretendido tergiversar o minimizar” (Solidaridad 1960d).

“En rigor, la nacionalización de la industria eléctrica era una demanda permanente de los sectores más concientes de la nación. La escasez crónica de electricidad y el precio cada vez más caro del servicio hacían ver claramente que los intereses de las empresas eléctricas privadas estaban en contradicción con los intereses nacionales que demandaban la satisfacción de las necesidades energéticas relativas. Ocupadas de modo principal en buscar satisfacer sus propósitos de lucro, aprovechaban cualquier oportunidad para elevar sus tarifas, mantenían una sobreexplotación de sus equipos y sistemas, multiplicando en fin todas las formas para aumentar sus ganancias. La conducta inalterable de las empresas confirmaba a cada paso que una industria como la eléctrica no puede ser sino de propiedad nacional”.

Para poner término a una situación contraria a los intereses de la nación, el gobierno de Adolfo López Mateos, resolvió nacionalizar la industria eléctrica.

“La respuesta popular, sin embargo, no ha sido proporcional a la importancia que corresponde a una reivindicación nacional de una industria fundamental para asegurar el progreso del país”. No obstante, decía al FNTICE, eso no debe confundirse con la no aprobación del pueblo a la medida.

A diferencia de la nacionalización petrolera, “la nacionalización de la industria eléctrica se realiza de acuerdo con otros métodos. NO la precede ninguna disputa nacional o internacional. Con cuidadosa reserva, por el contrario, se negocia la compra de los bienes o de las acciones de las `principales empresas ... Y se anuncia, primero, la compra de los bienes de las empresas dependientes de la American and Foreign Power y meses después, la adquisición de la mayoría de las acciones de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz”. Luego, López Mateos anunció en su informe presidencial del 1º de septiembre que la industria eléctrica se había nacionalizado.

“Muchos consideran la medida como algo simplemente natural. Otros la critican porque atacan `la creciente intervención del Estado en la economía; también dejan oír su voz los que estiman que fue un error nacionalizar la industria eléctrica porque hubiera sido mejor dedicar los recursos empleados en la compra de las empresas para impulsar la electrificación. Y claro, desde bando tan distinguido, no faltó quien reclamara en términos iracundos que se permitiera la participación de la iniciativa privada en las empresas eléctricas”.

“Desde otro bando y por razones aparentemente diferentes, también se han lanzado en contra de la nacionalización. Con un desconocimiento total de los antecedentes e ignorando olímpicamente la realidad, reprueban los procedimientos seguidos y llegan al grado de invertir los términos de la cuestión porque definen el método como lo principal y como secundario o accesorio el objeto. El gobierno, afirman, en lugar de comprar, simplemente debió expropiar, o bien reivindicar mediante la simple extinción de las concesiones. La nacionalización no tiene mérito ninguno, porque se pagó a las empresas mucho más de lo que valían efectivamente sus bienes”.

La FNTICE señaló que, “la importancia intrínseca de la nacionalización supera con creces el valor específico del procedimiento” no sin reconocer como atractiva la posibilidad de ajustar cuentas con las empresas extranjeras. Pero, en todo caso, no debían ignorarse los procedimientos del imperialismo ni desconocerse lo que se llama relación de fuerzas.

La FNTICE defendía la intervención del Estado en el control de las industrias básicas `pero había un postulado muy importante: “La propiedad nacional no es sino la propiedad social. En las actuales condiciones esta verdad necesita definición y confirmación”.

“Se pretende que los bienes de la nación son esencialmente del gobierno, y así ocurre que los funcionarios son una especie de dueños de esos bienes en la medida que ocupan algún cargo, condición y creencia que muchas veces les permite aprovechar la propiedad social para su propio beneficio”.

Obviamente, las nacionalizaciones ocurren en el marco del capitalismo bajo el control del Estado capitalista. Pero tienen alta importancia para las transiciones y representan un avance, que puede ser significativo o momentáneo dependiendo de las fuerzas sociales que sostengan al proceso nacionalizador. En tal sentido, el rescate de la propiedad de los medios básicos de la producción es fundamental, si bien, insuficiente. La propiedad es de la nación no del Estado y menos de los gobiernos. Eso es así aún considerando que la nación está dividida en clases sociales pues, los trabajadores y sectores populares explotados somos mayoría.

Para la FNTICE, “la nacionalización de la industria eléctrica plantea nuevas tareas e impone altas responsabilidades. Se trata, en lo general, de que esta industria, en tanto propiedad nacional, cumpla verdaderamente las funciones inherentes a la propiedad social”.

Esto planteaba la necesidad de una Política Eléctrica Independiente. La FNTICE decía: “La nación necesita, por tanto, definir una nueva política en materia eléctrica”, de manera que, “al definirse una nueva política nacional en materia eléctrica, se conjugue su naturaleza propiamente económica con aquella función de servicio social que tiene la electricidad”.

Esto implicaba, necesariamente, la integración del proceso de trabajo eléctrico. Las consecuencias debían reflejarse en una adecuada estructura de tarifas y una operación eficiente con los costos más bajos posibles. Por ello, insistía la FNTICE, es necesario reestructurar a la industria eléctrica.

De inmediato, con base en discusiones y acuerdos previos, la FNTICE sacó dos de las conclusiones acertadas más importantes de la nacionalización eléctrica, a saber, realizar la unidad sindical de los electricistas y reorganizar el proceso de trabajo mediante la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

a) Unificación sindical

El 1º de septiembre de 1960, el mismo día que se anunció la nacionalización eléctrica, la FNTICE convocó a su Cuarta Asamblea Nacional Extraordinaria y al Congreso Constituyente de un sindicato unificado, a realizarse a partir del 5 de octubre, en San Luis Potosí (Solidaridad 1960e).

La anterior Tercera Asamblea Nacional Extraordinaria había acordado transformar a la FNTICE en un sindicato nacional de industria, el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas de la república Mexicana (STERM).

El acuerdo se tomó debido a las nuevas circunstancias, ya que, la compra por el gobierno federal de las compañías dependientes de la Impulsora de Empresas Eléctricas aceleraba el proceso de transformación de la industria eléctrica bajo el control del Estado.

Se proponía hacer una revisión cuidadosa de la situación en su conjunto para preservar la estabilidad de los sindicatos de la FNTICE y la necesidad de garantizar los contratos colectivos.

En perspectiva general, la nacionalización de la industria eléctrica impone la integración de un sistema eléctrico nacional unificado, expresó la FNTICE. “Por tanto, las relaciones laborales entran en un período crítico que obliga a reforzar el frente interno sindical para asegurar la defensa de los intereses y derechos colectivos”.

La conclusión era acertada. “La situación concreta que se ha presentado impone modificar nuestras normas organizativas. Es evidente la necesidad de transformar nuestra Federación en un sindicato nacional de industria”.

Además de acertada, la conclusión era profunda al proponer la formación de un sindicato nacional de industria, forma moderna de organización del proletariado, en un sector estratégico.

La FNTICE consideró “promover un urgente cambio de impresiones con el Sindicato Mexicano de Electricistas para proponer, inclusive, la fusión sindical correspondiente”.

Terminada la Cuarta Asamblea Nacional Extraordinaria de la FNTICE se procedió a constituir el Congreso Constituyente del STERM.

Los sindicatos participantes en la unificación sindical fueron: Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica (STIE) en Acapulco, STIE en Aguascalientes, Sindicato de Obreros y Empleados de la Cía. Hidroeléctrica de Amacuzac (sección Matriz y sección Jojutla), STIE en Botello, STIE en Celaya, STIE en Coahuila (sección Matriz Saltillo, sección Piedras Negras, sección Monclova, sección Sabinas), Cooperativa de Cuautla, Sindicato de Electricistas de Culiacán, Sindicato de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (STICE) de Chiapas (sección Matriz Comitán), STIE en Chihuahua (sección Matriz Boquilla, sección Chihuahua, sección Parral), STIE en Durango, STIE en Guanajuato, STIE en Hidalgo (sección Matriz Pachuca, sección Tulancingo), STIE en Irapuato, STIE en León, STIE en Mazatlán, STIE en Mexicali, STIE en Morelia, STIE, Gas, Agua y Drenaje de Nuevo León (sección Gas), STIE en Oaxaca, STICE de Occidente (sección Ciudad Guzmán, sección Colima, sección Uruapan), STIE en Pénjamo, STIE en La Piedad, STIE en Platanal, STIE en Puebla (sección Matriz, sección Atoyac, sección Tehuacán, sección Tlaxcala), STIE en Querétaro, STIE en Región Lagunera, STIE en El Sabino, STIE en San Luis Potosí, STIE en Tampico (sección Matriz, sección Ciudad Valles, sección Ciudad Mante, sección Río Micos), Sindicato de Trabajadores y Empleados de las Plantas de Abastecimiento de Energía y Agua Potable de Medellín, El tejar, Veracruz y su Bahía, STIE en Tepeji del Río, STIE en Veracruz, Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Eléctrica en Yucatán, STIE en Zacatecas.

Como delegados fraternos asistieron el SME, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Confederación Revolucionaria de Obreros Textiles y al Federación Nacional de Cañeros.

El Congreso se realizó en el Teatro de la Paz con la asistencia de López Mateos y Francisco Martínez de la Vega, gobernador del estado.

En el discurso inaugural, Rafael Galván dijo: “Vamos a formar un sindicato industrial; pero un sindicato industrial de nuevo tipo”. Respecto a la industria señaló: “Es indudable que la nacionalización de la industria eléctrica tiene un significado mayor para nosotros que el simple cambio de patrón. El cambio de propiedad de la industria es trascendental y, en términos generales, encontramos que al no existir la propiedad privada en la industria eléctrica, se introduce un cambio fundamental en las relaciones de producción” (Solidaridad 1960f). También se refirió a la necesidad de despejar las relaciones como trabajadores de empresas nacionalizadas frente al Estado, administrador de las mismas.

Luis Aguilar Palomino, secretario general del SME, recordó que en la anterior revisión contractual, la FNTICE aprobó la huelga por solidaridad con el SME y expresó que “estamos obligados a estar cada vez más unidos”. Dijo que la nacionalización “es uno de los pasos más trascendentales en la historia mexicana en su etapa revolucionaria, y es más que suficiente para colocar al presidente López Mateos en los sitios reservados a los granes patriotas”.

Luego expresó que “si la industria eléctrica ha de convertirse en una sola unidad, los sindicatos de electricistas tendremos también que convertirnos en una sola organización” y agregó: “El Sindicato Mexicano de Electricistas pondrá su mayor empeño para que la unidad de los electricistas mexicanos sea una fecunda realidad”. Ante los electricistas que estaban sellando la unidad, excepto el SNE y el SME, Palomino culminó señalando que “no hay ninguna razón para suponer que no vayamos a marchar juntos hacia la unidad nacional electricista”.

El 8 de octubre de 1960 fue constituido formalmente el STERM siendo electo Rafael Galván como secretario general.

b) Integración de la industria eléctrica nacionalizada

Después del congreso del STERM, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) de México invitó a Rafael Galván para hablar del Problema Obrero en la Industria Eléctrica.

Galván expresó que la nacionalización era demanda de los trabajadores. “Los trabajadores electricistas sostuvimos como una tradicional demanda, la relativa a la nacionalización de la industria eléctrica. Siempre estuvimos ciertos de que una industria fundamental para el desarrollo del país no podía estar en manos privadas y menos extranjeras, porque por propia experiencia sabíamos que las empresas concesionarias nada hacían que no fuera satisfacer sus propósitos de lucro” (Solidaridad 1960g).

Señaló que la nacionalización había puesto fin a esa situación y que los problemas de la industria eléctrica nacionalizada debíamos estudiarlos ahora con el mayor cuidado, con la más estricta responsabilidad. “La nacionalización eléctrica significa que el pueblo de México es ahora el dueño de la industria y, por simple definición, las finalidades esenciales de la industria eléctrica no pueden ser otras que elevar las condiciones generales de vida del pueblo de México”.

Galván reiteró que la nacionalización modificó sustancialmente las relaciones de producción y que eso planteaba determinar las relaciones como trabajadores con el Estado en tanto administrador de la propiedad nacional.

Señaló que “se ha pasado por alto la problemática de los cambios que necesariamente introduce en las relaciones de producción el cambio de propiedad relativa. Los funcionarios encargados de la administración de los bienes nacionales ordinariamente se sienten patrones y actúan como propietarios en lo referente al aprovechamiento de los rendimientos de las empresas que manejan. Y los trabajadores y sus organizaciones sindicales correspondiendo a semejante actitud, que rezuma ignorancia y ambición ilegítima, consideran generalmente que los cambios de propiedad no reportan otra consecuencia que la de un simple cambio de patrones”.

Entonces, dijo, “se han producido dos experiencias dolorosas. Una es aquella que se caracteriza por la connivencia entre los administradores de las empresas y los líderes sindicales, en la que actúan como cómplices recíprocos para asaltar a la propiedad social, con la circunstancia de que el administrador, como buen patrón, se lleva la parte del león, y el líder sindical no recoge sino las migajas. La otra experiencia se caracteriza por el choque violento entre el Estado y los trabajadores”.

Esa claridad política resuena con fuerza hoy en día. No se quedó allí, expresó que esas experiencias pueden ser superadas reconociendo que la realidad no está tan apegada a los principios teóricos. Por su supuesto, la superación implica una política de clase concientemente asumida y practicada.

Galván hizo referencia a los problemas laborales y sindicales en la industria eléctrica. Habló de la existencia al momento de tres sindicatos: el SME, el SNESCRM y el recientemente unificado STERM. El primero contrataba con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y Subsidiarias, el segundo con la CFE y, el tercero, “con la mayoría de empresas eléctricas del país, entre las que se cuentan todas las de propiedad de la antigua Impulsora, el grupo que encabeza la Nueva Eléctrica Chapala, y todas las demás que tienen a su cargo primordialmente los servicios eléctricos en 24 estados de la República”. Los CCTs del SME y STERM tenían muchas similitudes, no así el contrato del SNE con la CFE que era inferior.

A esa fecha, el SME agrupaba a cerca de 10 mil trabajadores de base y 3 mil eventuales, el SNE tenía aproximadamente 7 mil trabajadores de base y un número variable de eventuales, y el STERM a 7 mil trabajadores de base y 2 mil eventuales.

Al abordar la restructuración de la industria eléctrica señaló que, ésta implica la resolución previa del llamado problema obrero y que los aspectos laborales y sindicales no podían resolverse fácilmente conforme a las disposiciones legales. Planteó, entonces, que la restructuración de la industria implicaba la unificación de los sindicatos y la celebración de un CCT único.

Refirió que la FNTICE, desde 6 años atrás, había promovido la reestructuración de los CCTs y la organización más eficaz del trabajo. “Se consiguió la unificación de 72 contratos colectivos y progresivamente se fue logrando la reestructuración de dichos contratos colectivos conforme a un índice único”, de manera que a esas fechas se contaba con un contrato tipo.

En lo referente a la organización del trabajo se venía estudiando la correcta división del trabajo en tres ramas generales de actividad que correspondían a la generación, distribución y servicios administrativos.

La correcta división del trabajo se consideraba muy importante para reestructurar a la industria eléctrica. Al respecto, señaló que todos los técnicos debían ser considerados como trabajadores de base sindicalizados.

El Congreso de fundación del STERM fue un indiscutible avance hacia la unidad de los electricistas, cuyo proceso se seguía cuidadosamente. Hacia fines de 1960, previa discusión del proyecto, se formó la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Las organizaciones participantes fueron: el SME, el STERM, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la CRT, la Federación Revolucionaria de Obreros Textiles, la Unión Linotipográfica de la República Mexicana, la Federación Nacional Obrera Textil del ramo de la Lana, la Federación Obrera Revolucionaria y la Federación Nacional de Cañeros.

Luis Aguilar Palomino, secretario general del SME, fue electo presidente de la CNT. En varias partes del país, la CNT formó Consejos Regionales y el proyecto avanzaba.

En 1961, la Nacional Financiera, S.A. contrató los servicios de Electricitè de France para llevar a cabo una restructuración de la industria eléctrica.

“México, en opinión de Nacional Financiera, S.A., nacionalizó su industria eléctrica sin saber lo que puede y debe hacer con ella. Para que le enseñen, se contratan técnicos franceses” (Solidaridad 1961a). Esa acción del gobierno fue considerada por los electricistas del STERM como una humillación a los técnicos mexicanos, universitarios y politécnicos. “Como trabajadores electricistas tenemos que decir que no permitiremos que esto suceda”.

Con motivo del ataque a Playa Girón en Cuba, en abril de 1961, la CNT hizo una declaración oficial. “La agresión al pueblo de Cuba conmueve a la conciencia honrada de todos los pueblos del mundo. Un ejército mercenario ha invadido a la República de Cuba ofreciendo explicaciones que no son suficientes para ocultar la verdadera naturaleza de la agresión.

“Para los mexicanos la defensa de Cuba contra la agresión imperialista tiene, además del sentido de una solidaridad elemental hacia un pueblo hermano, la defensa de nuestra propia independencia y soberanía”

La invasión imperialista a Cuba fracasó. Cuba estaba presente en la atención de los mexicanos. DE hecho, la Revolución Cubana estaba en todas partes suscitando apasionados debates. En la revista Solidaridad todos los números incluían artículos que analizaban la situación y marcha de la revolución.

En el primer aniversario de la nacionalización eléctrica, el STERM organizó celebraciones en todas sus secciones sindicales. Además, intensificó la discusión acerca de la necesidad de formular el punto de vista de obrero sobre las empresas nacionalizadas.

“A los trabajadores que prestamos nuestros servicios en las empresas de propiedad nacional, nos incumbe específicamente la tarea de estudiar las nuevas relaciones de producción, pues se impone asegurar la debida conjugación de nuestros intereses con los intereses generales de la nación.

“En términos generales, la cuestión puede plantearse de la siguiente manera: ¿la nacionalización modifica las relaciones de producción existentes en las empresas privadas? Es incuestionable que los intereses de la empresa privada están absolutamente en contradicción con los intereses obreros, porque la motivación esencial de la empresa privada no es otra que el lucro, la explotación de los trabajadores. ¿Esta motivación desaparece con la nacionalización? En el caso de la empresa privada existe un grupo de propietarios de los medios de producción que lucra, se beneficia del trabajo; en cambio, en la empresa nacionalizada los medios de producción son propiedad de la nación, propiedad del pueblo podría decirse fundada y legítimamente y, por tanto, su función no puede ser la de obtener lucro como finalidad en sí misma. En consecuencia, la nacionalización introduce un cambio fundamental en las relaciones de producción al sustituir la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad nacional, cambio que determina, a su vez, la sustitución del interés de lucro por la utilidad pública”.

Esta discusión ampliada era llevada por el STERM a todas las asambleas seccionales, con el propósito de comprender la nueva situación, extirpar confusiones y vicios que se traducen en luchas estériles o derrotas, para definir colectivamente una política eléctrica independiente, misma que fue formulada paso a paso, no sin vicisitudes y problemas.

“La falta de comprensión sobre las nuevas relaciones de producción que determina la modalidad impuesta a la propiedad privada por la nacionalización, ha motivado en nuestro país múltiples consecuencias negativas. En todas las empresas nacionalizadas advertimos, en términos generales, que el Estado asume el control y administración de los bienes nacionales; pero tanto en la forma como en el fondo se mantienen relaciones de producción que corresponden, en esencia, a la empresa privada. Se soslaya la verdadera naturaleza de la propiedad nacional cuando se toma, en la práctica, como fuente para estimular la propiedad privada o para crearla, lo que ocurre en la medida en que los administradores aprovechan para su beneficio directo y de manera diversa los recursos propiamente nacionales o sociales, y en la mayor o menor proporción en que operan las múltiples formas de compenetración económica con la empresa privada. La explotación privada de la empresa nacionalizada produce un resultado negativo inevitable, porque se anulan las ventajas que determinan, en principio la modificación del régimen de propiedad y, en cambio, se mantiene una forma espuria de gestión privada, irresponsable y antieconómica” (Solidaridad 1961b).

En la discusión se abordaban las experiencias negativas ocurridas con los ferrocarriles y a la industria petrolera. ¿Se van a repetir en la industria eléctrica los mismos errores? Es preciso evitarlo”, decía el STERM.

“Sería iluso, sin embargo, esperar que las nuevas relaciones de producción se impusieran por decreto o de modo automático. Las deficiencias de las empresas nacionalizadas no podrán corregirse con medidas puramente burocráticas. La cuestión no puede resolverse tampoco en términos ideales, sino considerando los factores reales. Las nuevas relaciones de producción en las industrias nacionalizadas plantea la participación directa de los trabajadores. Al espeto, la discusión tiene implicaciones teóricas, políticas y prácticas”.

Los electricistas del STERM concluían señalando que “la restructuración de la industria eléctrica constituye una tarea urgente”. Conviene, por tanto, trazar las líneas generales de un proyecto de reestructuración, se afirmaba y, el primer paso, consistía en establecer un órgano central de coordinación que se transformaría en la industria eléctrica nacionalizada integrada.

Entre otros aspectos, se proponía la constitución del Instituto Nacional de la Industria Eléctrica (INIE). Pero, “la reestructuración industrial no se limita a la mera adopción de un aparato de dirección y administración; comprende, además, otros aspectos sustanciales. La correcta estimación de los recursos naturales y potenciales determina su máximo aprovechamiento para satisfacer en forma oportuna y eficiente la demanda eléctrica y extender los beneficios de la electrificación a toda la República”.

“Lo principal consiste en definir la política que va a seguirse”. Con ello, se planteaba la necesidad de una política eléctrica independiente “para proyectar el desarrollo de acuerdo con un sentido de integración nacional del sistema eléctrico, basado en el mejor aprovechamiento de los recursos y orientado a la satisfacción más económica y eficiente de las necesidades eléctricas del país”.

La integración industrial supone la reorganización del proceso de trabajo eléctrico. EL STERM proponía, de entrada, el reconocimiento general de los derechos de todos los trabajadores de la industria nacionalizada y su sindicalización. Pero, también, la unificación de las condiciones laborales.

Sobre la base de la reorganización del proceso de trabajo eléctrico a nivel nacional, implicado en la integración de la industria eléctrica nacionalizada, se proyectaba la necesaria unidad sindical. Esta cuestión no fue sencilla. “Cada quien prefiere que las cosas sigan como están”, se dijo con toda claridad. “pero esto es precisamente lo que no es posible”, se agregaba, porque la unidad de la industria eléctrica determina a su vez la unidad de los trabajadores del sector. Pero, ¿que pasaba? “Esta verdad se comprende a medias pero no se acepta ni a medias”.

“El retardo en la integración industrial se toma como un tiempo bueno para que las cosas sigan como están y se pierda para estudiar y resolver aquellos problemas, cuya solución oportuna nos permitiría a los trabajadores encontrar los mejores caminos, las más adecuadas fórmulas para asegurar nuestros intereses y derechos; y que nos permitiría, además, constituirnos en un factor activo en la integración industrial y en la orientación misma de la industria”.

“Las bases para lograr la unidad de los electricistas están dadas objetivamente por la nacionalización de la industria; y sus fórmulas corresponden a la conjugación dentro de la entidad unitaria de los tres organismos (sindicales) existentes”.

Ciertos sectores consideraban que la unidad de los electricistas era inconveniente. Para algunos la unidad era un objetivo histórico y, como tal, lo posponían indefinidamente. Pero, ¿había otro camino, cuál?

El hecho es que se había recorrido ya más de la mitad del camino y la reestructuración de la industria eléctrica era inaplazable. Con la nacionalización el Estado había adquirido el 98% de las acciones eléctricas quedando un 2% en manos privadas con el compromiso de que tales acciones se extinguirían hacia 1999.

“La liquidación de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., con vista a la unidad total de la industria, es lo único que representa problemas; pero cualquiera que sea la importancia de éstos, nada impide que objetivamente pueda trazarse y llevarse a la práctica la restructuración industrial, ya que todo aquello que la retrasa repercutirá cada vez más negativamente” (Solidaridad 1961c).

La unidad en un solo sindicato, con un solo contrato, junto con la integración de la industria eléctrica nacionalizada, banderas de la insurgencia obrera electricista

La nacionalización no implicó la solución automática a los problemas industriales, laborales o sindicales. Fue la iniciativa política del STERM la que llevó a que se avanzara. En principio, las antiguas empresas privadas pasaron al control de Nacional Financiera, S.A. y coexistieron con la CFE. La primera medida, la unificación sindical en el STERM fue decisiva para lo demás. Paso a paso, desde antes de la nacionalización, se habían venido unificando las condiciones laborales entre los contratos colectivos de la FNTICE.

Con la nacionalización, el STERM impulso la reorganización del trabajo con el objetivo de preservar los derechos adquiridos en la perspectiva de la integración industrial. La CFE asumió el carácter de patrón sustituto y, en 1966, el STERM pactó un Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que era administrado por las secciones en su ámbito de competencia de acuerdo a la estructura de sindicato nacional de industria.

El 6 de julio de 1966, la CFE, el SNESCRM y el STERM firmaron el Primer Convenio para la Integración de la Industria Eléctrica, conocido como convenio tripartita.

A ese momento, la CFE se había convertido en titular de las acciones de distintas sociedades anónimas, concesionarias del servicio público de electricidad, convirtiéndose así en empresas del Estado, filiales de la propia Comisión.

Debido a que el STERM tenía celebrados CCT’s con las empresas adquiridas y el SNESCRM contrataba con la CFE, se mantenían administraciones separadas. Esta situación originaba problemas que podían superarse al reconocer que todas las empresas eran propiedad del pueblo. De acuerdo al convenio, “eso conduce a negociar un instrumento que facilite el desarrollo de la industria y que garantice los derechos y conquistas de los trabajadores”.

Las empresas filiales de la CFE tenían celebrados contratos colectivos con el STERM. En cada contrato había una cláusula que decía: “En caso de que la empresa vendiere o traspasase sus propiedades o concesiones, o parte de ellas, en forma de que resulte una sustitución de obligaciones, se insertará en los títulos traslativos de dominio correspondientes, que las estipulaciones de este contrato no se modificarán en prejuicio de los trabajadores ni del sindicato; y la persona, empresa, institución oficial o descentralizada adquiriente, aceptará expresamente las obligaciones derivadas de tal sustitución”.

La CFE, por su parte, tenía celebrados contratos con el SNESCRM y, en la cláusula 5, se establecía que: “En caso de que la Comisión adquiera, posea o administre nuevas negociaciones que correspondan a la industria eléctrica, se aplicarán en ellas las disposiciones de este contrato”.

Los dos sindicatos reconocía en sus respectivos contratos la posibilidad de cambios necesarios en la organización de la industria eléctrica, sobre la base de preservar los derechos de sus representados.

El convenio se hacía para facilitar que la CFE registrara los activos de las empresas filiales y estableciera una administración única en la industria. Los dos sindicatos y la CFE reconocieron expresamente que era compatible la vigencia simultánea de los CCT´s diferentes “al sustituir la propia Comisión a sus filiales como patrón” y que esa compatibilidad debía consolidarse “favoreciendo la unificación de las condiciones de trabajo a través del ajuste y compensación de los contratos colectivos respectivos”. También se acordó que ambos sindicatos encontrarían las fórmulas que permitieran resolver los problemas de fondo mediante la unidad sindical”.

En consecuencia, se acordaron varias cláusulas para facilitar la organización y desarrollo de los sistemas eléctricos de la CFE y de sus filiales. En la cláusula Segunda, la CFE manifestó su propósito de “incorporar los activos y reconocer las obligaciones de todas sus empresas filiales”, y su voluntad de respetar los CCT´s vigentes del STERM y del SNESCRM. Eso fue considerado por ambos sindicatos como el camino más apropiado para la solución de los problemas que planteaba la eficiente prestación del servicio público de energía eléctrica en el país.

Con esta base, en la cláusula Cuarta, “operará la sustitución de patrón” establecida en los diversos CCT´s vigentes celebrados por el STERM con cada una de las empresas filiales de la Comisión.

De acuerdo a la cláusula Octava, los trabajadores se regirían conforme al CCT celebrado con el sindicato al que pertenecieren.

En la cláusula décima se acordó la unificación y compensación de los CCT´s. A tal efecto, se constituyó una Comisión Tripartita parar llevar a cabo la medida en un período que vencería el 31 de agosto de 1972, conviniendo en reestructurar todos los contratos conforme a un modelo común.

La firma de este convenio tripartita representó un gran avance para la integración industrial y un gran triunfo para el STERM, cuyos derechos de sus representados fueron garantizados plenamente.

El 28 de enero de 1969, se firmó el Segundo Convenio para la Integración de la Industria Eléctrica, conocido como cuatripartita.

En el convenio tripartita se había reconocido que las diferencias de filiación sindical eran compatibles con el interés superior de consolidar e integrar el servicio público de energía eléctrica en la CFE y con el respeto de sus derechos. También se acordó la uniformidad y compensación de los contratos colectivos de trabajo así como la unidad de los electricistas, a realizarse en un periodo de seis años.

Ahora, el convenio tripartita se ampliaba con la participación del SME volviéndose cuatripartita.

A ese momento, la CFE tenía celebrados CCT´s con el SNESCRM y con el STERM, en éste último caso, por sustitución patronal respecto de diversas empresas filiales y en proceso de liquidación. En consecuencia, el convenio tripartita había contribuido a una administración unitaria de la industria eléctrica.

Los cuatro CCT´s del SNESCRM se habían integrado en uno solo; los veinte CCT´s del STERM estaban próximos a unificarse. Las disparidades se habían reducido considerablemente.

En el punto 11º del convenio cuatripatita se planteó que “Resulta contrario al interés profesional de los miembros del SME, trabajadores de la Compañía de Luz, perpetuar el manejo de la Ciudad de México y sus alrededores como una unidad separada, y correlativamente concebir al sindicato aisladamente, pues las oportunidades de desarrollo técnico y de participación en la obra nacional de electrificación se les irán reduciendo irremisiblemente, ya que la CFE está obligada legalmente a administrar el interés profesional de los trabajadores conforme al Convenio Tripartita de julio de 1966. Este fraccionamiento de la industria también impedirá la uniformidad progresiva de los contratos colectivos de trabajo y estorbaría la unidad sindical”.

En el punto 12º se decía que “la integración en CFE garantiza el desarrollo eléctrico de México” y que los mecanismos del convenio tripartita, ahora ampliados para incluir al SME, favorecían negociaciones de la Comisión con los tres sindicatos. El punto 14º establecía que el convenio cuatripartita daba plenas garantías al SME en cada una de las subsecuentes etapas de la integración.

En el punto 15º el SME expresó su deseo de impulsar el proceso de integración de la industria eléctrica y conjuntamente con los otros sindicatos declaró los siguientes propósitos:

a) Contribuir a la integración de la industria eléctrica nacionalizada ...

b) Contribuir a la reestructuración de las instituciones que tienen a su cargo la prestación del servicio público, mediante su consolidación en la Comisión Federal de Electricidad.

c) Facilitar la organización del trabajo ...

d) Contribuir a que se uniformen las condiciones de trabajo ....

e) Perfeccionar y consolidar la nacionalización de la industria eléctrica como un servicio público organizado en el sistema nacional de la CFE ...

f) ... auspiciar bases de solidaridad, ayuda mutua y no agresión, con el propósito de crear las condiciones propicias para la constitución de un solo organismo sindical.

Entonces, se acordaron varias cláusulas. En al Primera, los tres sindicatos “reiteran su compromiso de facilitar la organización y el desarrollo de los sistemas eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad.

En la cláusula Segunda, el SME manifiesta su adhesión al convenio tripartita “y su compromiso de colaborar en la incorporación e integración de los sistemas que opera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus subsidiarias en el sistema nacional de electrificación confiado por la ley a la Comisión Federal de Electricidad”.

En la cláusula Tercera, la CFE manifestó que había cumplido lo indicado en el convenio tripartita respecto de la sustitución patronal con los derechos contenidos en los diversos CCT´s.

En la cláusula Quinta, la CFE expresó que en el proceso de integración industrial respetaría los CCT´s y derechos del SME.

De acuerdo a la cláusula Octava se convino en transformar a la Comisión Tripartita en Cuatripartita.

En la cláusula Décima Segunda se estableció que la CFE y los tres sindicatos “consideran que debe hacerse desde luego los trabajos de unificación de frecuencias en la periferia del Distrito Federal y su zona industrial vecina, que deberá atenderse después. Los firmantes solicitarán de las autoridades competentes que se den todos los pasos necesarios para que a partir de 1977 la industria eléctrica opere a 60 ciclos por segundo en todo el país”.

En la cláusula Décima Tercera se acordó que “Los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y de sus subsidiarias ejecutarán directamente las labores necesarias para la unificación de frecuencias a 60 ciclos por segundo en sus centros de trabajo y en todo lo que constituye su materia de trabajo”. Lo mismo harían el SNESCRM y el STERM.

En la cláusula Vigésima Segunda, los tres sindicatos ofrecieron su colaboración para la formulación de un proyecto de ley reglamentaria de la adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en materia eléctrica.

A nombre del SME el convenio cuatripartita fue firmado por Luis Aguilar Palomino en su carácter de secretario general. En las siguientes elecciones sindicales fue sustituido por Jorge Torres Ordóñez. Al poco tiempo el SME abandonó la Comisión Cuatripartita.

La unificación de frecuencia en todo el país representó un importante avance para la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Al interior del SME hubo una discusión al respecto, proponiendo que la frecuencia fuera de 50 ciclos por segundo, que no prosperó.

El proceso de integración industrial continuó, lo mismo que la electrificación nacional. Más adelante se lograría la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional. Otro gran paso se dio en 1972 con la formación del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); resultado de la fusión del SNESCRM y el STERM.

El 27 de septiembre de 1974, Luis Echeverría, presidente de la República, determinó iniciar el procedimiento para la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y consolidar los activos de esta empresa en la Comisión Federal de Electricidad. Se había resuelto integrar a la industria eléctrica nacionalizada. “Discutamos todos la integración de la industria eléctrica”, se planteó en Solidaridad (1974a).

Durante 14 años no se había podido lograr la integración industrial. Funcionarios del propio gobierno de López Mateos reducían la nacionalización, a la que impropiamente llamaban “mexicanización”, a una “operación comercial mutuamente satisfactoria”. El propio López Mateos tuvo que salir al paso para decir que se trataba de “una conquista del pueblo”.

Sería hasta 1975 que se decretó la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que sustituyera a la antigua Ley de la Industria Eléctrica. Había pasado más de una década sin dotar a la industria eléctrica “de la unidad requerida para superar el parcelamiento industrial impuesto por el régimen de concesiones y la existencia de múltiples empresas eléctricas”.

“La integración de la industria plantea entre las cuestiones urgentes las relativas a la determinación del organismo público y descentralizado que debería asumir en nombre de la nación la prestación del servicio público de electricidad”. Se pensaba que correspondería reconocer a la CFE pero, eso conllevaba, a la necesidad de abordar su restructuración. Eso no podía reducirse a sustituir a las antiguas empresas sino ir a fondo. “De lo que se trata es de crear una institución que al asumir en nombre de la nación la prestación del servicio público de electricidad se sustente sobre bases que aseguren su consolidación y desarrollo económico y social conforme a principios políticos y técnicos inobjetables”.

“Así, habrá que replantear la orientación de la prestación de este servicio público, a fin de garantizar que sea pilar del desarrollo independiente de México”. Se consideraba como una obligación de primer rango “determinar la política nacional de energéticos”.

Se volvió a reiterar que la nacionalización abrió otro proceso irreversible: el de la unidad sindical de los electricistas. Se decía que “lograr que la integración de la industria esté correctamente orientada y dirigida depende en parte fundamental de la intervención de los trabajadores, unidos democráticamente. Sin embargo, los trabajadores electricistas han dejado transcurrir el tiempo, envueltos en la bruma de la incomprensión y paralizados por la acción de intereses egoístas. La decisión de integrar la industria eléctrica viene a sacarlos del estancamiento y, por tanto, conviene abrir bien los ojos y reflexionar. Ya que la unidad sindical no ha podido ser el antecedente de la integración industrial, convendrá por lo menos que al resultar como consecuencia, sepan los electricistas encontrar las fórmulas y convenir los procedimientos más adecuados para conquistar la unidad sindical”.

Lamentablemente, las palabras eran unas y los hechos eran otros. “En efecto, con la complacencia notoria y en algunos casos la inspiración de algunos líderes de los organismos sindicales del SUTERM, y algunas corrientes dentro del SME, el sentido del proceso concebido hacia la unidad es regresivo”. En el SUTERM se saboteaba constantemente la unidad interna, en el SME había “la resistencia efectiva aunque no confesada entre una parte de su militancia ... con la estrategia dilatoria de su Comité actual, siempre aparentemente dispuesto a bendecir la unidad en abstracto”. Se criticaba que “hasta ahora, no ha considerado congruente con esa lírica devoción a la unidad democrática dentro de la industria, un pliego donde concrete sus posiciones unitarias y precise las normas a su juicio necesarias para convertir en realidad esa democracia en abstracto de la que se muestra paladín incorruptible”.

Mientras se avanzaba en la integración otros promovían la desintegración. “Esa desidia aparente, esta obstrucción real, integran este proceso de desintegración precisamente cuando más se habla y se bendice la idea de la integración”.

El 20 de noviembre de 1974, el SUTERM llamó a consumar la nacionalización eléctrica. En un desplegado de prensa se dijo: “El SUTERM reitera al Sindicato Mexicano de Electricistas la invitación que le ha formulado en repetidas ocasiones para abordar abierta y francamente los problemas de la unidad sindical” (Solidaridad 1974c). También se dijo: “El SUTERM; repite una vez más: al producirse la integración de la industria eléctrica respetará, íntegramente, los derechos laborales y organizativos del SME, y sostendrá esta postura por todo el tiempo que resulte necesario para adoptar razonablemente los problemas de la unidad sindical”.

El 17 de diciembre de 1974, se protocolizó el acuerdo para que se disolviera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus subsidiarias y para que la CFE adquiera de aquellas la totalidad de sus bienes y derechos de cualquier índole que integran su patrimonio” (Solidaridad 1974d). La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca y de la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, era un hecho irreversible.

En 1975 se aprobó la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley eléctrica 1975). En la iniciativa del 20 de octubre, en el Artículo 4º transitorio se decía: “A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica”. Se agregaba en un párrafo segundo que “Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación, y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas”.

El Sistema Interconectado Nacional se consolidaba en el país incluyendo a la región central del país. El SME nunca se definió.

La lucha de la insurgencia obrera electricista logró la integración
de la industria eléctrica nacionalizada

La nacionalización de la industria eléctrica fue, ante todo, un acontecimiento político de la mayor importancia. Junto con la expropiación petrolera representa dos de los hechos más importantes de la post-Revolución Mexicana.

La nacionalización fue una propuesta de los electricistas. Los electricistas de la provincia, que laboraban para las empresas extranjeras, sacaron las conclusiones más importantes y correctas: 1- la unidad sindical democrática y 2- la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Estas propuestas formaban parte del programa de los electricistas de la FNTICE, luego, STERM. Con insistencia los electricistas ponían en énfasis en la necesidad de que la insurgencia obrera tuviera su programa. No nada más, los compañeros (as) llevaron a la práctica las banderas programáticas.

Fueron, precisamente, los electricistas del STERM los que comprendieron el significado y alcance de la nacionalización. En la práctica se conjugaba el programa y una dirección política consecuente.

Eso permitió a los trabajadores de las antiguas empresas extranjeras preservar sus derechos laborales, protocolizados mediante un convenio de sustitución patronal a cargo de la CFE. Para lograrlo, los electricistas se plantearon primero SER. Luego, integrados al proceso de trabajo eléctrico, lograron la contratación colectiva. Más adelante, avanzarían más con la formación del SUTERM.

La integración de la industria eléctrica fue una bandera crucial para consolidar la nacionalización, expresada después en la primera LSPEE.

De gran significación fue el impulso a la insurgencia obrera, con una movilización nacional sostenida en grandes jornadas por la democracia sindical. En el curso del movimiento, se depuraron las ideas y propuestas, reflejadas en el programa del STERM conocido como “¿Porqué Luchamos”.

La nacionalización, sin embargo, no concluyó; la integración industrial, tampoco. Peor aún, vendría la represión político militar a los electricistas democráticos. La nacionalización se interrumpió, lo mismo que la unidad sindical y la contratación colectiva única.

Al igual que con la industria petrolera, faltó llevar a la práctica una política eléctrica independiente. Es decir, no fue suficiente rescatar la propiedad de los medios de producción para que la nacionalización se consolidara.

También faltó consecuencia política. La integración de la industria eléctrica nacionalizada plantea la unidad sindical. Pero esta no se concretó. La unidad de los trabajadores no es una abstracción ni se puede imponer burocráticamente, tampoco se puede ni se debe sustituir a los trabajadores. La mayoría de los electricistas asumieron concientemente sus deberes de clase pero otros no lo hicieron. Considerando la unidad como un “deber histórico” la pospusieron indefinidamente, jamás se logró y las consecuencias fueron negativas para todos.

Más adelante, la nacionalización sería pervertida mediante reformas regresivas de 1992 a la LSPEE.

Hoy la industria eléctrica se encuentra sometida a un severo proceso de privatización furtiva. La industria eléctrica de los mexicanos está desnacionalizada. Esto nos plantea enormes retos y desafíos: tenemos que recuperar lo perdido y en un nuevo “Comenzar de nuevo”, la insurgencia obrera y popular debemos recuperar a nuestro patrimonio colectivo con la re-nacionalización de la industria eléctrica.

La tarea no es sencilla y requiere del accionar organizado y conciente de los trabajadores y de la población en general. El panorama del momento es deplorable. No obstante, como en otros momentos aciagos, es pertinente, como decía Galván: “tocar el tambor del alba cuando la noche parezca más oscura”.

¡Este puño sí se ve!

• Solidaridad 1959b, Mirador obrero, en Solidaridad Vol. VI, No. 79, 10 de octubre de 1959.

* David Bahen es doctor en física teórica, astronomía y astrofísica. Ha sido investigador, ingeniero y profesor en los sectores eléctrico, petrolero y nuclear, universitario y politécnico. También militante y exdirigente obrero del STERM, Tendencia Democrática del SUTERM, y Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía de la Federación Sindical Mundial. Actualmente es investigador en el campo de la astrofísica y la cosmología, y participa con el Frente de Trabajadores de la Energía de México y la Federación Sindical Mundial.